
ECATEPEC, Edomex.– Un Juez de Control del Poder Judicial del Estado de México modificó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a un docente de la Escuela Secundaria Número 53 "Quetzalcoatl", identificado como Víctor "N", quien enfrenta un proceso penal por el presunto delito de abuso sexual en perjuicio de una alumna de 14 años de edad. Tras el pago de una garantía económica de 75 mil pesos, la autoridad judicial determinó sustituir la reclusión en un centro de reinserción por el régimen de resguardo domiciliario.
De acuerdo con las carpetas de investigación y los reportes emitidos por las representaciones legales de la familia, los hechos conductores de la imputación penal comenzaron a registrarse en las aulas del plantel educativo durante el ciclo escolar correspondiente.
El desglose técnico de los antecedentes del expediente y los testimonios validados ante el Ministerio Público detalla las siguientes variables procesales:
Mecanismo de detección familiar: La madre de la menor documentó en las actas que detectó el vínculo asimétrico en enero de 2026, posterior al periodo vacacional de invierno, tras efectuar revisiones periódicas en las aplicaciones de mensajería digital del dispositivo telefónico de su hija, donde se evidenciaron las conductas de cortejo y supuestas amenazas generadas desde finales de 2025.
Reconocimiento material del imputado: Tras el hallazgo de los registros digitales, el imputado compareció en el domicilio particular de los afectados, sitio donde ante los padres de familia reconoció la existencia de la relación afectiva. Dicho intercambio verbal fue captado mediante un registro de audio que posteriormente fue aportado como elemento de prueba indiciaria ante la fiscalía local.
Las agencias adscritas a las fiscalías de delitos vinculados a la violencia de género coordinaron la notificación de las restricciones perimetrales.
La resolución del juzgador que autorizó la salida del investigado bajo fianza y confinamiento en su propio domicilio generó inconformidad pública por parte de los familiares directos. La representación ciudadana expuso el temor fundado respecto a las condiciones de seguridad de la víctima, argumentando que el procesado posee pleno conocimiento de la ubicación residencial de la comitiva, los horarios escolares y las rutinas laborales del núcleo familiar.
Ante este escenario de vulnerabilidad, asesores jurídicos del ámbito civil iniciaron los trámites correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para exigir la asignación urgente de órdenes de restricción, vigilancia policial periférica y el monitoreo electrónico del imputado. Estas medidas accesorias buscan garantizar la integridad de la menor afectada mientras las fiscalías especializadas desahogan el periodo complementario de investigación de gabinete.



