
MÉXICO. — Un juez federal dictó prisión preventiva y vinculación a proceso en contra de Miguel Ángel ‘N’, alias el ‘Capitán Sol’, un oficial jubilado de la Secretaría de Marina (Semar) acusado de participar en una extensa red de huachicol fiscal. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el exmarino habría utilizado la estructura delictiva para financiar un opulento estilo de vida que supera los 60 millones de pesos, un monto totalmente desproporcionado respecto a sus ingresos declarados como asalariado y pensionado.
El expediente de la FGR detalla que la mayor parte del capital presuntamente ilícito fue blanqueado a través de centros de apuestas. Entre 2015 y 2023, el ‘Capitán Sol’ registró transacciones por más de 52.1 millones de pesos en diversos casinos —como Telest, Perisur Yak y Big Bola Santa Fe—, realizando el 99.3 % de las operaciones en efectivo. La autoridad señala que esta dinámica consistía en ingresar fuertes sumas de dinero para adquirir fichas, realizar apuestas mínimas y posteriormente solicitar el reembolso para bancarizar los recursos.
Asimismo, las pesquisas financieras permitieron rastrear la adquisición de al menos 12 propiedades distribuidas en la Ciudad de México, Veracruz y Sinaloa por un monto superior a los 13.1 millones de pesos, de los cuales más de 10 millones fueron pagados en efectivo o al contado. A esta lista de bienes inmuebles se suma la compra de un penthouse en Tulum, Quintana Roo, adquirido mediante transferencias electrónicas por más de un millón de pesos, además de compras de lujo en tiendas como Tiffany & Co, donde desembolsó unos 400 mil pesos.
La investigación sitúa al ‘Capitán Sol’ como una pieza clave en el esquema de huachicol fiscal que presuntamente lideraban los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. Además de los inmuebles y el gasto en casinos, el imputado acumuló más de 6 millones de pesos en compras con tarjetas de crédito, depósitos mediante cheques de caja por más de 5 millones de pesos y registros de 30 viajes internacionales realizados entre 2012 y 2025, elementos que la fiscalía presentó como prueba del enriquecimiento ilícito.



