
Juárez.- En un operativo desplegado la tarde del viernes 3 de abril de 2026, elementos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos lograron la ubicación y captura de Iván Arturo G. P. en un domicilio del fraccionamiento Urbivillas. El ahora detenido permanecía prófugo luego de que un Tribunal de Alzada analizara los recursos legales promovidos por el Ministerio Público y decidiera revocar la sentencia absolutoria que le había permitido recuperar su libertad inicialmente. El sentenciado fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la ciudad de Chihuahua, donde comparecerá en los próximos días para la audiencia de individualización de sanciones, donde se definirá el total de años que deberá purgar en prisión por el crimen cometido en agosto de 2020.
La investigación ministerial reconstruyó la cronología del ataque que terminó con la vida de la activista, un caso que generó enérgica condena de organizaciones civiles.
La Agresión (2020): Los hechos ocurrieron entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de agosto de 2020. Según la fiscalía, el sentenciado se encontraba en el domicilio de Mireya R. L., donde la atacó mortalmente con un arma punzocortante.
Robo Agravado: Tras privar de la vida a la víctima, el agresor sustrajo el vehículo particular y el teléfono celular de la activista antes de huir de la escena.
Revocación de Sentencia: Aunque un juez inicial lo había absuelto de los cargos, la persistencia de la fiscalía especializada permitió que un tribunal superior revisara las pruebas y emitiera una sentencia condenatoria definitiva.
Con la reaprehensión de Iván Arturo G. P., el sistema de justicia busca cerrar un ciclo de impunidad que se extendió por casi seis años.
Traslado a la Capital: Debido a que el proceso se originó en el distrito judicial de Chihuahua, el detenido fue movilizado de inmediato desde la frontera para quedar a disposición del juez de ejecución de penas.
Individualización de Sanciones: En la audiencia programada para esta semana de abril, se determinarán los años de cárcel por los delitos de feminicidio y robo, así como el monto destinado a la reparación del daño para los familiares de la activista.
Protección a Activistas: La FGE destacó que esta captura reafirma el compromiso de no dejar sin castigo los crímenes contra quienes dedican su vida a la defensa de los derechos de terceros.



