
El príncipe Harry y Meghan Markle han vuelto a expresar su profunda preocupación por la seguridad de su familia en el Reino Unido, solicitando nuevamente el resguardo policial público que perdieron tras renunciar a sus funciones en la realeza británica. Sin embargo, en lugar de asignarles escoltas armados del Estado, las autoridades les otorgaron un número de teléfono de emergencia y acceso a un protocolo de respuesta policial simplificado.
La solicitud del duque de Sussex responde al argumento de que la seguridad privada contratada por su cuenta carece de las facultades operativas e inteligencia oficial necesarias para proteger a su familia en suelo británico. Pese a estas peticiones, el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Figuras Públicas (RAVEC) determinó que la pareja ya no califica para recibir resguardo financiado de manera permanente por los contribuyentes.
Como alternativa de enlace, el esquema concedido les permite comunicarse directamente con las autoridades locales ante un evento o amenaza específica durante sus estancias en Gran Bretaña. Esta línea telefónica dedicada busca garantizar que la policía responda con rapidez ante una eventualidad, aunque sin desplegar patrullajes continuos ni un cuerpo de escoltas asignado.
El debate en torno a los costos y la viabilidad de la protección oficial para los Sussex genera divisiones en la opinión pública británica. Diversos analistas señalan la presión existente sobre los recursos públicos, mientras defensores de la pareja sostienen que el riesgo a su integridad física se mantiene elevado debido a su perfil mediático global.
Tras haber perdido recursos legales previos contra el Ministerio del Interior británico para revertir la reducción de su esquema de seguridad, el príncipe Harry y Meghan evalúan sus opciones para coordinar su dispositivo privado con los mecanismos de apoyo policial otorgados por el gobierno.



