
Chihuahua.- En un giro dentro de las investigaciones por el caso de la Consultoría Legal Administrativa G&L, las autoridades ministeriales determinaron la libertad bajo reservas de ley para Azucena R. G., mientras que los otros dos coinvolucrados, Cristina Isabel M. L. y Martín de Jesús H. C., permanecen bajo custodia y serán presentados en las próximas horas ante un Juez de Control. Los imputados enfrentan cargos por fraude agravado, tras ser señalados por decenas de adultos mayores de cobrar cuotas cercanas a los 10 mil pesos a cambio de gestionar incrementos inexistentes en sus pensiones. El Ministerio Público prepara la audiencia inicial donde se buscará la vinculación a proceso de los detenidos restantes, en tanto la investigación continúa abierta para determinar el grado de participación de la mujer liberada.
La decisión de liberar a una de las capturadas obedece a criterios técnicos del proceso penal, lo que no implica su exoneración definitiva.
Reservas de Ley: Azucena R. G. continuará sujeta a la investigación y podrá ser citada nuevamente si el Ministerio Público recaba mayores elementos que prueben su participación directa en los engaños.
Audiencia Inicial: Cristina Isabel M. L. y Martín de Jesús H. C. enfrentarán este viernes la formulación de imputación, donde se detallarán las querellas de las 82 víctimas que reportaron un daño patrimonial superior al millón de pesos.
Medidas Cautelares: La Fiscalía prevé solicitar medidas cautelares para los dos detenidos, argumentando el riesgo de fuga o la posible reincidencia en el perjuicio de personas vulnerables.
La desarticulación de esta supuesta consultoría ha revelado la magnitud del impacto económico entre la población jubilada de la capital en este abril de 2026.
Falsas Gestiones: Los acusados captaban a sus víctimas con la promesa de duplicar o triplicar sus ingresos mensuales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, aprovechando el desconocimiento de los procesos administrativos oficiales.
Operativo en la Col. Pablo Amaya: La captura ocurrió tras un tenso episodio de resistencia a la autoridad, lo que permitió a los agentes de la AEI asegurar documentos y equipos de cómputo que servirán como evidencia en el juicio.
Seguimiento a Víctimas: Representantes legales y colectivos de adultos mayores han acudido a las instalaciones judiciales para vigilar que el proceso no se detenga y se garantice la reparación del daño para los afectados.



