
Michoacán.- Un juez federal ordenó la libertad inmediata de 11 elementos de la Guardia Civil de Michoacán, quienes habían sido detenidos por presuntamente colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante la ola de violencia y narcobloqueos registrada tras el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". La resolución judicial se basó en la falta de pruebas contundentes para vincular a los agentes con la organización criminal, a pesar de las acusaciones iniciales de omisión y facilitación de vías para los delincuentes.
La liberación de los efectivos estatales representa un giro inesperado en las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenía sobre la infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad locales.
Falta de indicios: El juez determinó que el Ministerio Público Federal no presentó testimonios ni evidencia técnica suficiente (como geolocalización o comunicaciones) que demostraran que los policías recibieron órdenes directas del CJNG.
Argumento de la defensa: Los abogados de los uniformados sostuvieron que sus clientes se vieron superados en número y armamento durante los bloqueos, viéndose obligados a replegarse para salvaguardar su integridad, lo cual fue interpretado inicialmente como una "facilitación" del delito.
Estatus legal: Aunque los 11 agentes han abandonado el centro penitenciario, la fiscalía mantiene abierta la posibilidad de apelar la decisión o presentar nuevas pruebas en una carpeta de investigación complementaria.
La detención de los policías ocurrió en medio de un clima de alta tensión en municipios como Tierra Caliente y la zona fronteriza con Jalisco, donde el vacío de poder tras la muerte del líder del CJNG detonó pugnas internas y enfrentamientos con las autoridades.
Caos en carreteras: Durante las jornadas de violencia, se registraron quema de vehículos y bloqueos en arterias vitales que conectan a Michoacán con el occidente del país.
Señalamientos de colusión: Informes de inteligencia militar sugerían que diversos mandos locales permitían el libre tránsito de convoyes armados a cambio de pagos mensuales, una práctica conocida como "protección de plaza".
Impacto institucional: La liberación de estos elementos pone bajo la lupa la estrategia de "limpia" interna en la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, cuestionando la eficacia de los procesos de control de confianza.
El Gobierno de Michoacán no ha emitido una postura oficial definitiva tras la salida de los agentes, aunque se confirmó que los implicados han sido suspendidos de sus funciones operativas de manera precautoria mientras concluyen los términos legales del caso. Por su parte, colectivos de familiares de policías celebraron la medida, denunciando que los agentes suelen ser usados como "chivos expiatorios" ante la incapacidad del Estado para contener a los cárteles.
La vigilancia en la entidad se ha reforzado con la llegada de más de 2,000 elementos de la Sedena para evitar que la liberación de sospechosos o el reacomodo de las células delictivas genere una nueva escalada de homicidios en la región.



