
Juárez.- El juez de control Raúl Palos Pacheco autorizó la contratación de un psiquiatra particular para evaluar a Vianey Esmeralda H. G., ante la falta de especialistas en las instituciones de salud pública y del Tribunal Superior de Justicia en Ciudad Juárez. La imputada, junto a su pareja Bryan Gabriel S. A., enfrenta un proceso por el presunto homicidio de su hijo de 18 meses. Este hecho ha puesto en evidencia el déficit de profesionales de la salud mental en el sistema judicial fronterizo.
Debido a la naturaleza del crimen, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ha implementado protocolos de seguridad extrema para evitar agresiones dentro del sistema penitenciario.
Reclusión especial: Bryan Gabriel S. A. se encuentra en el sector “Alfa” del área “Cero” del Cereso Varonil No. 3, una zona recientemente reinaugurada y diseñada para reos de alta peligrosidad o con amenazas de muerte.
Riesgo interno: Jorge Armendáriz, vocero de la SSPE, explicó que los delitos contra infantes generan un rechazo violento incluso entre la población criminal. “Existe la posibilidad de riesgo por el nivel de crueldad aplicado contra el niño; es deber del Estado mantenerlos a salvo”, señaló.
Régimen de segregación: Tanto los varones involucrados en este caso como las mujeres detenidas permanecen en celdas separadas, con horarios de comida y áreas comunes restringidas para evitar el contacto con el resto de los internos.
La solicitud de exámenes psiquiátricos para Vianey Esmeralda reveló una carencia crítica de personal especializado en los juzgados locales.
Incapacidad institucional: El Instituto de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos del Tribunal Superior de Justicia notificó que no cuenta con psiquiatras para realizar las evaluaciones ordenadas por el juez.
Diagnóstico Penitenciario: Según el reporte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), solo los penales de Aquiles Serdán, Chihuahua y Nuevo Casas Grandes tienen personal de psiquiatría. Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Parral y Guachochi carecen totalmente de estos especialistas.
Salida legal: Ante la urgencia de determinar la imputabilidad de la acusada, el juez Palos Pacheco permitió que la defensa pública contrate a un profesionista externo para desahogar las pruebas periciales.
La SSPE aclaró que no se trata de una "protección de privilegio", sino de una "estancia especial" para garantizar que el proceso judicial llegue a sentencia sin incidentes de violencia carcelaria. Junto con Vianey y Bryan, la pareja conformada por Nataly Isela D. V. y Martín Alberto C. U. también se encuentra bajo este esquema de resguardo estricto por casos similares de violencia infantil.



