“Ley Serrano”, el arma que usa el gobierno de San Luis Potosí para encarcelar periodistas

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.– El Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí autorizó la suspensión condicional del proceso penal instruido en contra de las difusoras de contenidos Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo Reyes, quienes permanecieron bajo la medida de prisión preventiva tras ser imputadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) bajo los criterios de la recién aprobada legislación sobre el uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial. 

La resolución jurisdiccional impuso a las procesadas restricciones de movilidad, firmas periódicas obligatorias y el pago por concepto de reparación del daño. Paralelamente, organizaciones defensoras del espacio cívico como Artículo 19 documentaron anomalías procesales y alertaron sobre una escalada de reformas penales ambiguas que tipifican el "halconeo digital" y los "mensajes intimidatorios", instrumentos interpretados como mecanismos de restricción a la libre crítica política.

Detallan origen técnico del conflicto por contenidos digitales y resoluciones de la FGE

El desglose de los antecedentes de las querellas gubernamentales y las variables operativas aplicadas por los agentes del ministerio público detallan los siguientes componentes de información:

Génesis de la controversia por herramientas de simulación: La indagatoria penal se originó a mediados de octubre de 2025, tras la difusión en plataformas socio-digitales de dos videogramas donde civiles armados emitían señalamientos contra el titular del Ejecutivo estatal, Ricardo Gallardo Cardona. El mandatario potosino argumentó pericialmente que las piezas fueron estructuradas mediante algoritmos de inteligencia artificial con el propósito de inducir a un engaño colectivo, interponiendo las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la instancia estatal, al tiempo que instó al Congreso local a legislar de forma penal sobre la materia.

Mecanismos de imputación y criterios de identidad digital: Tras la aprehensión de las comunicadoras el pasado 21 de mayo, la FGE —encabezada por la fiscal María Manuela García Cázares— sustentó el caso bajo el tipo penal de delitos contra la identidad de las personas. El documento acusatorio determinó que las imputadas emplearon de manera deliberada elementos gráficos y visuales para dotar de una apariencia de autenticidad a contenidos simulados. Sin embargo, Artículo 19 denunció que la fiscalía omitió reconocer la condición de periodistas de las detenidas para evadir la aplicación de las cláusulas de exclusión relativas al ejercicio legítimo de la libertad de prensa.

Documentan ambigüedad normativa en las reformas sobre "halconeo digital" e intimidación

Las líneas de análisis constitucional desahogadas por los organismos civiles y el estatus de las listas de comparecencia se desglosan en los siguientes puntos:

Alertas por colisión con criterios de la Suprema Corte: El análisis técnico del marco normativo potosino resalta que la LXIV Legislatura ha aprobado tres reformas de alta penalización en un lapso de dos años. En mayo de 2025, se adicionó el capítulo de "Obstrucción de la Seguridad Pública" para sancionar hasta con 12 años de cárcel el acopio e intercambio de información operativa ("halconeo digital") mediante dispositivos móviles; asimismo, el 8 de mayo de 2026 se publicó la penalización de hasta 5 años por la difusión de "mensajes intimidatorios". Pedro Cárdenas, oficial de Artículo 19, puntualizó que estas normas contravienen los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al emplear definiciones ambiguas que criminalizan conductas cotidianas de la sociedad digital y la búsqueda de datos informativos.

Indagatorias concurrentes y solicitudes de amparo: Los expedientes ministeriales revelaron la existencia de una lista suscrita por el agente del Ministerio Público José Rubén González Ramos, donde se investiga a 11 personas —entre comunicadores y perfiles políticos como la morenista Roxana Hernández Herrera— bajo el supuesto de ejercicio ilícito de las funciones públicas. El equipo legal de Hernández Herrera tramitó una suspensión provisional mediante juicio de amparo ante la opacidad de la FGE, corporación que ha rechazado los señalamientos de persecución institucional mientras mantiene bajo arresto a Cristian Herrera en la región de la Huasteca.