Le dan 18 años de prisión por homicidio en Bocoyna

CIUDAD CUAUHTÉMOC, Chih.– El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente obtuvo una sentencia condenatoria de 18 años de prisión en contra de Mario César P. C., tras demostrarse plenamente su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado. La resolución jurisdiccional fue validada por un Juez de Control mediante el desahogo de un procedimiento especial abreviado, imponiendo además al sentenciado la obligación económica de cubrir la reparación del daño moral y material en favor de los familiares de la víctima.

Los elementos de prueba integrados en la carpeta de investigación acreditaron que el hoy sentenciado perpetró una agresión con arma blanca en contra de quien en vida respondiera al nombre de José Ramiro A. P., causándole heridas mortales durante un incidente registrado en la región serrana del estado.

Línea de tiempo de la investigación y captura en la región de Creel

El desglose cronológico y los registros periciales coordinados por la Fiscalía del Estado detallan las siguientes variables técnicas del caso:

Comisión del hecho delictivo: La indagatoria científica localizó el origen del siniestro en las primeras horas de la madrugada, al interior de un inmueble habitacional de la comunidad de Aguatos, perteneciente al municipio de Bocoyna, lugar donde se recolectaron los primeros indicios forenses y las testimoniales de cargo.

Cumplimentación del mandamiento judicial: Tras permanecer sustraído de la acción de la justicia, agentes de la Policía de Investigación de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Mario César P. C. el 12 de septiembre de 2025 en la localidad de Creel, quedando a disposición inmediata del tribunal de control para el inicio de su proceso.

El beneficio del procedimiento abreviado y la cuantificación de la multa civil

Las unidades de ejecución de penas de la fiscalía estatal procedieron al desglose de los conceptos económicos fijados por el órgano jurisdiccional.

Ante el peso de las pruebas incriminatorias presentadas por la representación social de la Zona Occidente, el procesado solicitó formalmente la terminación anticipada del juicio, aceptando su participación en los hechos imputados a cambio de la reducción de la penalidad máxima, tal como lo prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. El juzgador decretó el internamiento ordinario del sentenciado y fijó el pago punitivo de 1 millón 049 mil 646 pesos por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios, concluyéndose la etapa procesal penal en este miércoles de 2026 bajo los criterios de estricta legalidad y justicia restaurativa.