
Juárez.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) cumplimentaron una orden de aprehensión en esta frontera en contra de una mujer identificada como Dora Alicia C. B., de 44 años de edad, imputada por el delito de fraude. La detención responde a una investigación ministerial donde se le acusa de haber obtenido un lucro indebido por la cantidad de 260 mil pesos mediante la doble venta de un terreno, cuyo dominio ya pertenecía legalmente a un tercero.
Tras su captura en Ciudad Juárez, agentes adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur trasladaron a la imputada a la ciudad de Hidalgo del Parral, donde quedó a disposición del Juez de Control que requería su comparecencia.
El expediente integrado por las células de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) detalla el origen del conflicto contractual que derivó en la denuncia penal:
La transacción: De acuerdo con la denuncia de la afectada, esta acordó con Dora Alicia C. B. la compra-venta de un lote habitacional, cubriendo un monto total de 260 mil pesos bajo la premisa de que el predio se encontraba libre de gravamen y litigios.
El hallazgo del ilícito: Al intentar realizar los trámites de escrituración y posesión física del inmueble, la compradora descubrió que el terreno ya había sido enajenado previamente a otro particular, quien incluso ya ejercía los derechos de propiedad e instalación en el sitio.
Acción ministerial: Ante la imposibilidad de recuperar el capital invertido y la presunta evasión de la vendedora, se formalizó la querella que derivó en la orden de captura por la vía penal.
La Fiscalía de Distrito Zona Sur informó que la imputada será presentada en las próximas horas ante el órgano jurisdiccional correspondiente en la ciudad de Parral.
Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público formulará de manera formal la imputación de cargos, exhibirá los contratos y recibos de pago asegurados como evidencia documental, y solicitará al Juez de Control la vinculación a proceso, así como la medida cautelar idónea para garantizar la reparación del daño económico causado a la víctima.



