
EU.- El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, reavivó los señalamientos públicos contra el Estado mexicano al afirmar que la corrupción de autoridades locales jugó un papel determinante en el secuestro, tortura y asesinato del agente encubierto Enrique "Kiki" Camarena en febrero de 1985.
Declaración en Pensilvania:
Durante un evento en Wilkes-Barre, Pensilvania, enfocado en el combate al tráfico de fentanilo y en el marco del inicio de la Semana del Listón Rojo (campaña creada en 1988 en memoria de Camarena), Cole aseveró:
“Les pido que apoyen la Semana del Listón Rojo que rinde homenaje a ‘Kiki’ Camarena, un agente de la DEA que fue capturado, torturado y asesinado en México bajo la corrupción de las autoridades mexicanas”.
El titular de la DEA advirtió que la agencia perseguirá a miembros de los cárteles tanto en México como en Colombia, China y Centroamérica bajo la premisa de defender la seguridad nacional de EE. UU.
Antecedentes de imputación a exfuncionarios mexicanos:
Las palabras de Cole retoman la acusación federal presentada en 1990 en EE. UU., en la que se señaló a mandos de la época —como Manuel Ibarra (exdirector de la Policía Federal Judicial) y Miguel Aldana (exdirector de Interpol México)— por presuntamente brindar protección a los líderes del Cártel de Guadalajara (incluidos Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo) para perpetrar el homicidio.
Estatus judicial de Rafael Caro Quintero en Nueva York:
Caro Quintero permanece recluso en el Distrito Este de Nueva York enfrentando cargos criminales formulados en 2020 por conspiración y homicidio.
El pasado 14 de octubre de 2026, compareció ante el juez Frederic Block en una audiencia donde su defensa y la fiscalía discutieron un posible acuerdo de culpabilidad (que evite el juicio previsto para marzo de 2027) a cambio de moderar sus condiciones de aislamiento. Se fijó una nueva audiencia para el 20 de noviembre de 2026.
Tensión bilateral:
Estas declaraciones se suman a la postura mantenida por Cole desde mediados de 2026, sosteniendo que la complicidad de mandos políticos en México beneficia la operación del Cártel de Sinaloa y el CJNG, señalamientos que el Gobierno de México ha rechazado categóricamente al calificarlos de infundados.



