Juez se ampara tras filtración de audiencias

CHIHUAHUA, Chih.– El juez de control local del Distrito Judicial Morelos, Julio Alberto Corrales de la Fuente, promovió una demanda de amparo ante la justicia federal en la que señala como responsables a un total de 22 autoridades de la entidad, incluyendo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía Anticorrupción (FACH) y las representaciones de las fracciones parlamentarias en el Congreso local. 

El juzgador fundamentó el recurso tras manifestar el temor fundado de ser objeto de actos que vulneren su libertad personal o su integridad institucional, derivado de la difusión pública de registros videográficos de una sesión judicial en la que instruyó el auxilio de la fuerza pública para asegurar la comparecencia de una agente del Ministerio Público que se ausentó de una audiencia programada de carácter penal.

Detallan cronología de las audiencias penales y la orden de presentación forzosa

El desglose de los hechos procesales registrados en las bitácoras del tribunal y los argumentos técnicos vertidos por el juzgador local detallan los siguientes componentes de información:

Suspensión y reprogramación en fin de semana: Los antecedentes del caso penal constatan que el sábado 23 de mayo estaba calendarizada, a las 15:00 horas, una audiencia de sobreseimiento a petición de la defensa técnica. Ante la incomparecencia de la representación de la Fiscalía, el juez Corrales de la Fuente determinó reprogramar el acto jurídico para el domingo 24 de mayo, apercibiendo de manera formal que, en caso de persistir la ausencia, mandaría cumplimentar su presentación forzosa mediante el uso de la fuerza pública, incluyendo el apoyo técnico-operativo de la Guardia Nacional (GN).

Fijación de recesos e interposición del recurso: Durante la jornada dominical, al constatarse nuevamente la ausencia del Ministerio Público, el juzgador decretó un receso hasta asegurar la comparecencia obligatoria de la servidora pública, desahogándose formalmente la audiencia hasta el posterior jueves 28 de mayo. No obstante, tras ventilarse públicamente los videos de dicha sesión, el juez Corrales promovió la petición de amparo el pasado lunes 1 de junio, exponiendo en su escrito que teme ser privado de la libertad o incomunicado, manifestando incluso el haber dejado instrucciones preventivas por escrito a sus allegados en caso de sufrir algún menoscabo físico o legal.

Cuestiona el Ministerio Público legalidad del protocolo y argumenta fallas en las notificaciones

Las variables de orden procedimental y los alegatos técnicos externados por la agente del Ministerio Público implicada en el apercibimiento se desglosan en los siguientes puntos:

Ineficacia en las comunicaciones procesales: La agente del Ministerio Público sostuvo ante los órganos internos de control que no fue objeto de una notificación efectiva o legalmente válida, argumentando que el tribunal pretendió realizar la comunicación en días inhábiles correspondientes a un fin de semana. La funcionaria precisó que, a lo largo de sus 11 años de trayectoria en el servicio profesional de carrera, es la primera ocasión en que se genera un requerimiento de estas características institucionales.

Señalamiento de excesos en las facultades jurisdiccionales: De igual forma, la servidora de la Fiscalía calificó como un exceso jurídico la determinación del juez de control de solicitar de manera directa la intervención de fuerzas federales como la Guardia Nacional para su conducción forzada a una sala de audiencias, así como la imposición paralela de sanciones económicas (multas) por su inasistencia.