
México.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició una investigación automática para determinar si el actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, incurrió en alguna falta administrativa durante su gestión como canciller. La indagatoria busca esclarecer si el alojamiento gratuito de su hijo en la Embajada de México en el Reino Unido durante la pandemia representó una violación a las normas de ética o un abuso de funciones.
A diferencia de otros casos detectados mediante auditorías internas, este proceso surge de la presión pública y el marco legal vigente:
Activación por Ley: La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la investigación se abrió de forma automática tras diversas solicitudes ciudadanas y reportes difundidos en medios de comunicación.
Temporalidad: Los hechos ocurrieron mientras Ebrard encabezaba la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Josefa González Blanco fungía como embajadora en Londres.
Antecedentes: El caso no fue procesado durante el sexenio pasado, pese a que la estancia del familiar del entonces canciller se dio en el contexto de las restricciones globales por la crisis sanitaria.
La postura del Gobierno Federal se centra en definir primero si existió una transgresión legal antes de emitir un juicio político:
Revisión Normativa: El primer paso de la Secretaría será verificar si las reglas vigentes en ese momento prohibían explícitamente el alojamiento de familiares de altos mandos en sedes diplomáticas.
Vacíos Legales: La mandataria federal sugirió que, en caso de que no existan normas claras, se procederá a normar las características y usos de las embajadas para evitar ambigüedades en el futuro.
Deslinde de Responsabilidades: La investigación también alcanzará la actuación de la embajadora Josefa González Blanco, al ser la responsable directa de la administración de la residencia oficial en el Reino Unido.
Este anuncio coloca a Marcelo Ebrard en una posición de vulnerabilidad administrativa justo cuando encabeza las mesas de negociación económica con Estados Unidos. La creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (que sustituye a la Función Pública) busca demostrar que no habrá excepciones en la rendición de cuentas, incluso para los integrantes del círculo cercano a la Presidencia, priorizando la transparencia en el uso de los recursos del Estado.



