
EU.- El director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, calificó las recientes acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como el inicio de una serie de procesos legales contra funcionarios involucrados con el crimen organizado. Durante una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, Cole enfatizó que la atención sobre los vínculos entre actores políticos y grupos delictivos ha escalado, señalando la corresponsabilidad de funcionarios en la crisis de salud pública por tráfico de sustancias en territorio estadounidense.
Estas declaraciones surgen mientras el Gobierno de México, a través del canciller Roberto Velasco, reporta que Estados Unidos no ha respondido a la nota diplomática enviada hace dos semanas para solicitar las pruebas que sustentan dichas acusaciones. La Fiscalía de Nueva York hizo públicos a finales de abril cargos por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas contra Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, el senador Enrique Inzunza y otros siete funcionarios, vinculándolos presuntamente con el apoyo a la facción de "Los Chapitos".
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este martes que, hasta el momento, no se han presentado evidencias suficientes que justifiquen la detención de los señalados. En concordancia, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que no ejecutará las órdenes de detención provisional con fines de extradición, argumentando la falta de fundamentos técnicos en la solicitud enviada desde el extranjero.
La situación ha generado una nueva etapa de tensiones diplomáticas entre la Ciudad de México y Washington. Mientras los funcionarios implicados se han separado temporalmente de sus cargos para enfrentar el proceso, el Departamento de Estado de EE. UU. mantiene bajo reserva los detalles de la investigación, lo que ha detenido los procedimientos judiciales en suelo mexicano a la espera de un intercambio formal de información técnica y jurídica.



