
WASHINGTON,.- La designación de las facciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos entró oficialmente en vigor el pasado viernes 5 de junio.
La medida, firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y publicada en el Registro Federal, otorga a estos grupos el mismo estatus jurídico que ya poseen agrupaciones como los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en México, el Tren de Aragua en Venezuela y el Clan del Golfo en Colombia.
A partir de esta resolución, las autoridades estadounidenses están facultadas para congelar de inmediato y sin previo aviso todos los bienes y activos de personas vinculadas a ambas facciones que se localicen bajo su jurisdicción.
Asimismo, la orden prohíbe de manera estricta cualquier transacción financiera entre ciudadanos o empresas de EE.UU. con estas organizaciones, además de contemplar severas sanciones penales y económicas para quienes les brinden apoyo material, financiero o logístico.
Especialistas en seguridad señalaron que, si bien este tipo de clasificaciones no se ha traducido históricamente en un debilitamiento inmediato de los grupos criminales o en una baja de los índices delictivos en la región, sí propicia penas considerablemente más severas para los miembros que son capturados y extraditados a territorio estadounidense.
De igual forma, la medida permite un control y rastreo mucho más riguroso de los movimientos financieros internacionales de estas redes delictivas.
Esta política de mano dura ya genera repercusiones políticas en el continente. En México, por ejemplo, donde seis facciones criminales fueron catalogadas como terroristas en febrero de 2025, la presión diplomática de Washington hacia la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha intensificado de forma notable, derivando recientemente en la imputación de diez funcionarios del estado de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico.



