Hija del ‘Mencho’ exige que FGR libere casa asegurada en Tijuana

Tijuana.- La Fiscalía General del Estado e instancias de la Fiscalía General de la República (FGR) mantienen el aseguramiento de una propiedad ubicada en la colonia Playas de Tijuana, Baja California, argumentando el origen de los recursos utilizados para su adquisición, a pesar de que la propietaria, Jessica Johanna Oseguera González, cuenta con una sentencia favorable dictada dentro del juicio de amparo 1556/2018.

El inmueble se localiza en la calle Del Volcán número 1355, en la sección Jardines de la colonia Playas de Tijuana, y permanece bajo resguardo de las autoridades federales desde julio de 2017.

Los antecedentes procesales, la postura de la representación social y las resoluciones judiciales se desglosan a continuación:

Resoluciones del Poder Judicial de la Federación:

El 24 de febrero de 2023 se emitió una sentencia de amparo a favor de la quejosa contra los actos del Ministerio Público de la Federación.

En una determinación reciente, el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, desechó un recurso de queja interpuesto por la representación social federal para frenar la ejecución de la orden judicial.

Argumentos de la Fiscalía General de la República:

La Unidad Especializada en Análisis Financiero de la FGR sostiene que la finca fue adquirida con recursos de procedencia ilícita o utilizada para actividades fuera de la ley.

La autoridad ministerial señaló ante el órgano jurisdiccional la presunta vinculación de la propietaria con firmas comerciales e inmobiliarias —entre ellas JJGON, J & P Advertising, Servicios Alimentarios KIBO y Sánchez Realty—, además de registros de marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) señaladas en listas de organismos financieros internacionales.

La FGR argumentó que no se ha acreditado la procedencia legítima de los fondos empleados en la compra del inmueble, por lo que busca mantener el aseguramiento cautelar para evitar la transmisión del bien a terceros y preservar la posibilidad de su decomiso o abandono a favor del Estado.