
SAN DIEGO, Cal.– Autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos inhabilitaron un sofisticado túnel transfronterizo que conectaba a la ciudad de Tijuana, Baja California, con San Diego, California, logrando el aseguramiento de una tonelada de cocaína con un valor estimado en el mercado de 45 millones de dólares. Durante el despliegue binacional, cuyas resoluciones jurídicas fueron confirmadas, agentes federales detuvieron a cuatro individuos presuntamente vinculados a la estructura operativa del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La investigación, que se extendió por poco más de medio año desde su inicio en diciembre pasado, permitió constatar que los presuntos traficantes utilizaban un establecimiento comercial cercano a la zona aduanera de Otay Mesa como fachada legal para encubrir la recepción y posterior distribución del cargamento en territorio estadounidense.
El desglose de las dimensiones estructurales y las variables de ingeniería civil validadas por los peritos periciales de ambos lados de la frontera detalla las siguientes métricas:
Infraestructura tecnológica instalada: Según el informe presentado por el Fiscal Federal del Distrito Sur de California, Adam Gordon, el pasadizo subterráneo contaba con paredes completamente reforzadas para evitar derrumbes, un sistema interno de rieles para el traslado de plataformas de carga, así como redes independientes de ventilación forzada y electricidad. Las agencias estadounidenses precisaron que la obra posee una longitud de 589 metros, 17 metros de profundidad y una altura de 1.4 metros, conectando directamente con el inmueble de la tienda "Buy 4 Less".
Registro de la contraparte mexicana: Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) de México había notificado previamente el aseguramiento del mismo complejo clandestino dentro de los límites de Tijuana, documentando de manera preliminar una longitud aproximada de 265 metros y 6.30 metros de profundidad en lo correspondiente al suelo nacional, integrando dichos datos a la carpeta de investigación en este 2026.
La fiscal federal del Distrito Sur de California, Bianca Calderón, formalizó las acusaciones penales ante la corte correspondiente en contra de los cuatro detenidos, identificados como los ciudadanos estadounidenses Gregorio Epifanio Hernández López y José Jiménez, así como los ciudadanos mexicanos Brandon Escalante Sandoval y Antonio Cortés, quienes quedaron a disposición inmediata de un juez de control de distrito.
Kevin Murphy, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Diego, puntualizó que las vigilancias fijas y móviles sobre el inmueble permitieron a las brigadas actuar con certeza jurídica este fin de semana, tras confirmarse la llegada del cargamento de alta densidad. La delegación federal calificó la operación como un golpe significativo a las redes de suministro de narcóticos sintéticos y alcaloides en la frontera para este mes.



