Fuero no impide que Maru colabore: FGR

CIUDAD DE MÉXICO.– La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un informe oficial sobre el estatus de dos indagatorias de alto impacto, destacando la comparecencia de cinco de los diez ciudadanos de Sinaloa bajo investigación —entre ellos funcionarios con licencia— y el citatorio emitido a mandos ejecutivos y ministeriales del estado de Chihuahua. El reporte, presentado por Ulises Lara, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, fue integrado formalmente a las bitácoras de la federación.

Respecto al segundo expediente, derivado del hallazgo de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en el municipio de Morelos, Chihuahua, la representación social federal citó al fiscal general y a la gobernadora constitucional de la entidad para conocer sus testimonios sobre la presencia y actividades de agentes extranjeros en tareas de seguridad nacional.

Avances en el caso Sinaloa y exclusión de alertas internacionales

El desglose analítico de las diligencias ministeriales y los registros asentados por la fiscalía federal detalla las siguientes variables técnicas:

Comparecencias y deslinde penal: La FGR confirmó que dentro del expediente que sigue a diez ciudadanos originarios del estado de Sinaloa —bloque que incluye a un gobernador, un senador y un presidente municipal, todos bajo el estatus jurídico de licencia—, cinco de ellos ya desahogaron su comparecencia formal ante el Ministerio Público de la Federación para continuar con el deslinde de responsabilidades.

Estatus de localización y cooperación: La institución ministerial precisó de manera técnica que ninguna de las diez personas sujetas a investigación cuenta con una notificación o ficha roja activa ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), señalando que los datos recabados robustecerán las líneas de acción orientadas a alcanzar la verdad y la justicia en este año 2026.

Inmunidad procesal y el hallazgo pericial en Morelos, Chihuahua

Las mesas de control y las direcciones de procesos penales federales registraron los criterios normativos aplicados a las solicitudes de información.

El origen del requerimiento hacia el gobierno de Chihuahua se fundamenta en el descubrimiento y posterior desmantelamiento de una instalación clandestina destinada a la producción a gran escala de drogas sintéticas en el municipio de Morelos. La intervención federal dejó al descubierto la participación operativa de agentes extranjeros en el territorio, lo que motivó el llamado a las autoridades locales para allegar elementos a la carpeta de investigación.

Ulises Lara informó que, a diferencia del fiscal general, la mandataria estatal de Chihuahua únicamente remitió un documento escrito en el cual manifestó su indisposición para aportar datos al procedimiento. Ante este escenario, el vocero federal recordó los alcances institucionales del marco jurídico vigente: "Conocemos lo que implica la inmunidad procesal, la cual señala la imposibilidad de procesar penalmente a determinadas personas servidoras públicas, como el caso de la gobernadora. Sin embargo, ello no impide que la persona servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan", puntualizó.

Finalmente, la FGR notificó la conclusión de las maniobras técnicas de desactivación del complejo delictivo, que abarcaron el embalaje seguro, el traslado controlado y la posterior destrucción de las sustancias químicas localizadas, cerrando el balance con la directriz institucional: "Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie".