
México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la propiedad definitiva de la residencia de Emilio Lozoya Austin, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, tras ganar el juicio de extinción de dominio. El inmueble, valuado en más de 51.7 millones de pesos, fue adquirido presuntamente con sobornos derivados del caso Agronitrogenados durante la gestión de Lozoya al frente de Petróleos Mexicanos (Pemex).
A pesar de que inicialmente una jueza de distrito declaró improcedente la acción, la FGR logró revertir la decisión mediante recursos de apelación y el reciente fallo de un Tribunal Colegiado que negó el amparo al exfuncionario.
La investigación ministerial logró acreditar ante las autoridades judiciales que la propiedad es producto de actividades ilícitas:
Ubicación y Valor: La casa se localiza en la colonia Lomas de Bezares, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, y cuenta con un valor oficial de 51,701,973.08 pesos.
Vínculo con Agronitrogenados: La FGR demostró que la compra se realizó con recursos provenientes de sobornos otorgados para concretar la compra a sobrecosto de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
Contexto: Dichos movimientos financieros ocurrieron mientras Emilio Lozoya se desempeñaba como director general de la paraestatal Pemex.
El camino legal para lograr la extinción de dominio atravesó diversas etapas procesales debido a la defensa del imputado:
Sentencia inicial: Una jueza Segunda de Distrito en materia de Extinción de Dominio rechazó la acción inicialmente.
Recurso de Apelación: La Fiscalía apeló y obtuvo una sentencia de segunda instancia a su favor.
Juicio de Amparo: Lozoya promovió un amparo contra dicha sentencia, el cual fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito.
Resolución Final: El Tribunal Colegiado confirmó la sentencia de segunda instancia, declarando procedente de forma definitiva la extinción de dominio sobre la residencia.
Con esta resolución, el inmueble pasa formalmente a formar parte del patrimonio del Estado. La FGR subrayó que, gracias a las pruebas recabadas por los ministerios públicos, se pudo acreditar fehaciertamente que el origen de los recursos fue ilícito.
Este fallo representa uno de los hitos más significativos en la recuperación de activos relacionados con los casos de corrupción vinculados a la administración pasada, sentando un precedente sobre el uso de la Extinción de Dominio para bienes adquiridos mediante el desvío de recursos públicos y el cohecho.



