FGR investiga a Rubén Rocha

México.- En una acción coordinada que escala la presión judicial sobre el gobierno de Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenaron el bloqueo de las cuentas bancarias del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, así como de sus hijos Rubén, Ricardo y José de Jesús Rocha Ruiz. Según Proceso la medida responde a las investigaciones por presuntos nexos con el crimen organizado y narcotráfico que también se siguen en Estados Unidos.

Mientras que el bloqueo al mandatario y otros funcionarios forma parte de las diligencias de la FGR para el proceso de extradición, el congelamiento de activos a sus hijos fue ordenado de manera independiente por la UIF como una medida preventiva de carácter internacional.

Alcance de la intervención financiera

Las acciones de las autoridades mexicanas se dividen en dos vertientes operativas que buscan rastrear el origen y destino de los recursos de la familia Rocha:

FGR y Extradición: El Ministerio Público Federal solicitó el bloqueo para el gobernador, el senador Enrique Inzunza y otros ocho implicados en la acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

UIF y el entorno familiar: La Unidad de Inteligencia Financiera notificó formalmente el congelamiento de las cuentas de los hermanos Rocha Ruiz. Según informes del medio Emeequis, esta acción se enmarca en protocolos de cooperación internacional para evitar el movimiento de capitales bajo sospecha.

Implicados: Además del círculo familiar, las cuentas de exfuncionarios como Gerardo Mérida Sánchez —quien ya se encuentra bajo custodia en EE. UU.— también han sido intervenidas.

Vínculos con la investigación en Nueva York

El cerco financiero ocurre de manera simultánea al avance del expediente en Estados Unidos, donde se acusa a la administración sinaloense de colaborar con la facción de “Los Chapitos”:

Campaña 2021: El gobierno estadounidense sostiene que Rocha Moya recibió respaldo financiero y operativo del Cártel de Sinaloa para ganar la gubernatura a cambio de impunidad.

Protección Institucional: La acusación formal señala que funcionarios clave recibieron sobornos de hasta 100 mil dólares mensuales para proporcionar información privilegiada y protección a laboratorios de drogas.

Diligencias en curso: La FGR busca integrar estas pruebas internacionales en carpetas locales para determinar si existen delitos de lavado de dinero cometidos en territorio mexicano.

Impacto Político y Administrativo

Hasta el momento, la UIF no ha emitido un pronunciamiento oficial detallando los montos congelados, sin embargo, la inmovilización de activos de los hijos del gobernador sugiere que la investigación ha trascendido el ámbito del ejercicio público para entrar en el terreno patrimonial privado. Esta acción debilita la capacidad de defensa financiera de los implicados ante los requerimientos de extradición presentados por el Departamento de Justicia de EE. UU.