
CHIHUAHUA, CHIH.— La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, recibió en el Palacio de Gobierno un citatorio formal para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) el próximo miércoles 27 de mayo. Ante el requerimiento, la mandataria estatal y su equipo jurídico anunciaron que analizan las acciones legales que tomarán para responder al documento.
Tras la notificación, el Gobierno del Estado emitió un comunicado oficial en el que aclaró que la Constitución Federal y las leyes locales vigentes otorgan protección al cargo de los gobernadores, especificando que no pueden ser llamados a procedimientos de naturaleza penal. La administración estatal calificó el actuar de la FGR como una violación a la soberanía de Chihuahua y un acto de persecución política.
“Habremos de estudiar su debida fundamentación y argumentación”, declaró Campos Galván tras recibir la notificación de manera directa. La mandataria defendió la gestión de su administración en materia de seguridad, afirmando que se ha actuado con firmeza contra el crimen organizado para garantizar la paz de los ciudadanos en la entidad.
Postura oficial y reclamos políticos
La ejecutiva estatal cuestionó los criterios de la fiscalía federal y señaló un presunto uso selectivo de las instituciones de procuración de justicia:
Acusación de persecución: “Aquí está el doble rasero de Morena. Lamento que Morena use las instituciones para molestar, para hacer esta persecución política contra una persona que está haciendo bien las cosas”, aseveró la gobernadora.
Contraste de casos: El gobierno chihuahuense criticó que este citatorio contrasta con el trato recibido por otros funcionarios federales y locales, como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalados en investigaciones recientes.









































































