
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del empresario Alejandro Álvarez Puga, cumplimentando una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada. La captura fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), tras un operativo de seguimiento.
El imputado fue trasladado ante la autoridad judicial correspondiente para dar inicio a su proceso penal. Fuentes ministeriales señalaron que el caso está vinculado a presuntas irregularidades financieras y omisiones fiscales que generaron un menoscabo millonario al erario público.
Alejandro Álvarez Puga, junto a su hermano Víctor Manuel, fundó la firma Álvarez Puga & Asociados, un despacho de asesoría legal y fiscal que llegó a ser uno de los más grandes del país en materia de outsourcing y planeación fiscal.
Desde hace varios años, las actividades del despacho han estado bajo la lupa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF). Las investigaciones señalan que la firma presuntamente utilizaba un esquema de empresas fachada ("factureras") para ayudar a corporativos a evadir el pago de impuestos, omitir las cuotas del IMSS e Infonavit, y reportar utilidades menores a las reales.
La indagatoria de la FGR apunta a que los delitos imputados se desprenden de auditorías complejas realizadas a las cuentas del empresario y sus empresas relacionadas. Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran:
Emisión de facturas falsas: Operaciones simuladas que no contaban con un sustento real de servicios prestados.
Estrategias de Outsourcing agresivo: Esquemas de subcontratación diseñados específicamente para diluir la responsabilidad patronal y reducir la carga impositiva de manera ilegal.
Defraudación fiscal equiparada: La omisión en la presentación de declaraciones fiscales obligatorias o la falsedad en los ingresos reportados a las autoridades hacendarias.
El detenido será presentado ante un Juez de Control en un Centro de Justicia Penal Federal para celebrar la audiencia inicial. En esta comparecencia, el Ministerio Público de la Federación formulará la imputación y solicitará la vinculación a proceso, así como las medidas cautelares correspondientes, que podrían incluir la prisión preventiva justificada debido al monto del presunto daño patrimonial.
De acuerdo con el Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el investigado se presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional.



