FGR atrae investigación por ejecución de periodista

Oaxaca.- La Fiscalía General de la República (FGR) ejerció la facultad de atracción sobre la investigación del homicidio del comunicador Francisco Alejandro Leyva Aguilar, registrado el pasado 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

La indagatoria quedó radicada en la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las líneas de investigación.

Los detalles del procedimiento de atracción, los antecedentes del caso y el marco normativo de la intervención federal se desglosan a continuación:

Detalles del hecho y primeros respondientes:

Ubicación: El suceso ocurrió en un establecimiento de alimentos localizado en el municipio de San Pablo Etla, en los Valles Centrales de Oaxaca.

Antecedentes de la víctima: Leyva Aguilar se desempeñó como director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y ejercía el periodismo de análisis sobre temas políticos, sociales y de seguridad en plataformas digitales y medios independientes.

Actuación local: La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició la carpeta de investigación correspondiente y desplegó personal ministerial y pericial en el lugar para la recolección de indicios primarios.

Coordinación y protocolo de la investigación federal:

Personal de la FEADLE estableció comunicación con la fiscalía estatal, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y los familiares de la víctima para formalizar el traslado del expediente al fuero federal.

Las diligencias se desarrollarán conforme al Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión, integrando el ejercicio periodístico como una línea prioritaria en el análisis del móvil.

Competencia de la FEADLE:

La fiscalía especial cuenta con la facultad legal de atraer investigaciones del fuero común cuando existan indicios que relacionen la comisión del delito con el ejercicio del derecho a la información o la libertad de prensa.