
México.- El exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, se entregó este viernes a las autoridades estadounidenses en Nueva York, sumándose a la lista de altos funcionarios de esa entidad bajo custodia federal. La noticia, confirmada inicialmente por el periodista Carlos Loret de Mola, ocurre apenas días después de la entrega del exmando de seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, consolidando lo que analistas califican como el cierre de una "pinza" judicial sobre la cúpula financiera y operativa del estado.
Díaz Vega forma parte de los 10 funcionarios y exfuncionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) el pasado 29 de abril por presuntos nexos con el crimen organizado y narcotráfico.
La entrega del extitular de finanzas es considerada una pieza clave en el expediente que integra la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York:
El manejo del dinero: Como encargado de las finanzas estatales, Díaz Vega poseería información crítica sobre el flujo de recursos y presuntas triangulaciones relacionadas con actividades ilícitas.
Pinza cerrada: Con Mérida Sánchez (operatividad) y Díaz Vega (recursos) en manos de la justicia norteamericana, el proceso contra el resto de los señalados entra en una fase determinante.
Estrategia de defensa: Al igual que otros implicados, se espera que el exfuncionario comparezca en las próximas horas ante un juez para conocer los cargos formales por narcotráfico y posesión de armas.
El pliego acusatorio del DOJ, emitido a finales de abril, vincula a una red de servidores públicos sinaloenses con el Cártel de Sinaloa. Entre los nombres más destacados en la lista de los 10 acusados se encuentran:
Rubén Rocha Moya: Gobernador con licencia de Sinaloa.
Enrique Inzunza Cázares: Senador de la República.
Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde con licencia de Culiacán.
Dámaso Castro Saavedra: Fiscal General Adjunto de la FGE Sinaloa.
Altos Mandos Policiales: Incluyendo a Marco Antonio Almanza (PDI) y Juan Valenzuela Millán (Culiacán).
La cascada de entregas voluntarias y detenciones ha generado un vacío de poder y una crisis de legitimidad sin precedentes en la entidad. Mientras el Gobierno de México ha mantenido una postura de cautela, las autoridades en Nueva York han acelerado los procesos tras la reciente instrucción del DOJ de elevar los cargos a categorías de terrorismo para aquellos funcionarios que hayan facilitado las operaciones de los cárteles.
Se prevé que las declaraciones de Díaz Vega y Mérida Sánchez resulten fundamentales para las órdenes de aprehensión o solicitudes de extradición que podrían emitirse próximamente contra los funcionarios de mayor rango que aún permanecen en territorio mexicano.



