
MILWAUKEE, EE. UU. – La exjueza estatal de Wisconsin, Hannah Dugan, de 67 años, enfrenta este miércoles una audiencia de sentencia en una corte federal de Milwaukee donde podría ser condenada a una pena de hasta cinco años de prisión.
El proceso judicial se deriva de su declaración de culpabilidad por el delito de obstrucción de la justicia, tras haber ayudado a un ciudadano de origen mexicano a evadir la custodia de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El incidente que originó el caso ocurrió el 18 de abril de 2025 en el tribunal del condado de Milwaukee. De acuerdo con las investigaciones, los agentes migratorios acudieron al recinto para arrestar a Eduardo Flores-Ruiz, un ciudadano mexicano que comparecía por un caso penal local y que registraba un reingreso irregular al país.
La fiscalía demostró que Dugan confrontó a los oficiales, los redirigió a otra oficina administrativa bajo el argumento de cuestionar sus órdenes de arresto y, posteriormente, facilitó la salida de Flores-Ruiz y su abogado a través de una puerta privada reservada para los miembros del jurado.
A pesar de la evasión inicial, los agentes de ICE detuvieron a Flores-Ruiz a las afueras del edificio de tribunales tras una breve persecución. El procesado fue formalmente deportado en noviembre de 2025.
Por su parte, Dugan fue arrestada días después del incidente por elementos del FBI dentro de la misma sede judicial. En diciembre de 2025, un jurado federal la declaró culpable del cargo grave de obstrucción, aunque fue absuelta de la acusación de encubrimiento.
El caso ha generado un intenso debate sobre los límites de la independencia judicial frente a las operaciones de control migratorio en el interior de dependencias públicas.
Mientras que las directrices de la fiscalía federal sugieren una pena de entre 15 y 21 meses de prisión argumentando un abuso del prestigio del cargo, la defensa de la exjueza solicita una condena limitada al tiempo ya cumplido en custodia.
Los abogados defensores afirman que la exmagistrada, quien renunció a su puesto en enero de 2025 tras presiones legislativas, ya ha sufrido un castigo suficiente debido al escrutinio público y adelantaron que apelarán el fallo definitivo del juez federal encargado del caso.



