Exige PAN juicio político contra Rubén Rocha

CIUDAD DE MÉXICO. – La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), encabezada por Jorge Romero Herrera, formalizó este lunes una solicitud de juicio político ante la Cámara de Diputados en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La acción legal se fundamenta en los recientes señalamientos del gobierno de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Demandas principales de la oposición

Durante una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los liderazgos panistas detallaron la ruta jurídica que pretenden seguir para lo que denominan una "sanción ejemplar":

Separación definitiva: Se busca que Rocha Moya no pueda reincorporarse al cargo de gobernador bajo ninguna circunstancia legal o constitucional.

Inhabilitación máxima: El coordinador de la bancada, Elías Lixa, exigió la sanción más alta prevista en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para inhabilitar al funcionario de cualquier cargo futuro.

Denuncia internacional: El PAN informó que acudirá ante la Corte Penal Internacional (CPI) para presentar una denuncia formal sobre los hechos señalados.

Ruta legislativa y desaparición de poderes

Además del juicio político, el partido adelantó las siguientes acciones legislativas programadas para esta semana:

Comisión Permanente: El próximo miércoles presentarán una solicitud formal para la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa.

Protección Constitucional: Los legisladores enfatizaron que el objetivo es evitar que el fuero o la Constitución sirvan de protección ante las acusaciones de colusión con células criminales.

“Exigimos la sanción máxima... para que quede inhabilitado este y todos los servidores públicos que se coludan con el crimen organizado”, afirmó Elías Lixa durante la presentación del documento.

Contexto político

Esta solicitud ocurre en un clima de alta tensión tras la licencia al cargo solicitada por el mandatario sinaloense. La bancada de Acción Nacional sostiene que la estabilidad del estado y la soberanía nacional dependen de una investigación exhaustiva y de la aplicación de responsabilidades administrativas y penales frente a las agencias de inteligencia extranjeras.