
México.- El senador Ricardo Anaya, junto a la bancada del PAN en la Comisión Permanente, exigió la detención inmediata del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y del senador Enrique Inzunza, tras revelarse órdenes de aprehensión emitidas por la justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Durante una conferencia de prensa este 6 de mayo de 2026, los legisladores anunciaron que presentarán un documento oficial para iniciar un juicio político contra los funcionarios sinaloenses y solicitarán formalmente la desaparición de poderes en la entidad ante la crisis de institucionalidad y seguridad.
Anaya enfatizó que las acusaciones no son señalamientos al aire, sino que forman parte de un proceso judicial robusto en el extranjero:
Proceso legal: Explicó que la acusación fue investigada por un fiscal estadounidense, avalada por un gran jurado y finalmente judicializada por un juez federal que giró las órdenes de aprehensión.
Gravedad de los cargos: Los funcionarios son señalados por presunta asociación delictuosa con organizaciones del narcotráfico.
Inhabilitación: El PAN busca que, mediante el juicio político, Rocha Moya, Inzunza y sus colaboradores sean inhabilitados para ejercer cualquier cargo público por un periodo de hasta 20 años.
La estrategia del PAN en el Congreso de la Unión contempla medidas drásticas para abordar la situación en Sinaloa:
Desaparición de poderes: Los senadores harán oficial la solicitud para declarar la desaparición de poderes en el estado, argumentando que no existen condiciones de gobernabilidad.
Documento oficial: Este miércoles ingresará el recurso ante la Comisión Permanente para que se inicie el trámite de juicio político de manera urgente.
Cómplices bajo la mira: Anaya señaló que la red de complicidad se extiende a otros funcionarios del gobierno estatal que también deben ser investigados y detenidos.
“A Rocha Moya lo investigó un fiscal estadounidense, después un gran jurado autorizó que se judicializara la acusación y finalmente un juez federal giró una orden de aprehensión”, sentenció Ricardo Anaya.



