Ex agentes del CISEN amasaron millonario imperio de corrupción en el INE

CIUDAD DE MÉXICO. — La red de proveeduría electoral que opera en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) quedó al descubierto tras revelarse el historial de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Ambos exintegrantes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) construyeron un entramado corporativo que logró aglutinar contratos multimillonarios para la fabricación de material electoral mediante prácticas de triangulación y presunto lavado de dinero.

De acuerdo con los informes presentados desde el gobierno federal, el esquema de proveeduría comenzó a tejerse desde administraciones pasadas, alcanzando su mayor expansión y consolidación a lo largo de los años. Entre 2015 y 2023, las empresas vinculadas a los Hernández Casillas obtuvieron adjudicaciones por más de 2 mil millones de pesos distribuidas en al menos 23 entidades federativas, operando un modelo comercial cerrado que limitaba la libre concurrencia de otros competidores en las licitaciones públicas.

El modus operandi consistió en la creación de distintas razones sociales —como Cartonera Plástica, Formas Finas y Materiales, Cajas Graf y Seriplast de México— cuyos rastros financieros apuntan hacia la utilización de prestanombres y la dispersión de recursos en cadena a través de empresas secundarias. Estas operaciones financieras inusuales encendieron las alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), debido a la existencia de indicadores de riesgo por facturación simulada y ocultamiento del beneficiario final.

Ante las irregularidades detectadas, las autoridades federales señalaron que el entramado corporativo pasó formalmente al control de familiares directos, como los hijos de los exfuncionarios, mientras se amplían las auditorías extraordinarias sobre las gestiones históricas del organismo electoral. Las indagatorias buscan fincar responsabilidades administrativas y penales contra los actores que permitieron la consolidación de este monopolio en la proveeduría de insumos para los procesos democráticos del país.