
México.- El gobierno de Donald Trump, a través del Departamento del Tesoro, acusó formalmente al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos Vázquez de ser un "asociado" del Cártel del Noreste (CDN). Según Washington, Ramos encabeza campañas de desinformación para proteger la reputación del grupo criminal, una imputación que el activista ha negado históricamente y que coincide con los señalamientos sostenidos por la Sedena durante años.
El boletín del Departamento del Tesoro vincula a Ramos dentro de una red que incluye sectores legales y de entretenimiento en Tamaulipas:
Los implicados: Junto al activista, fueron sancionados el abogado Juan Pablo Penilla (defensor de "El Z-40") y Eduardo Javier Islas ("Crosty"), presunto jefe de tráfico de personas.
Empresas: Se incluyeron sanciones contra dos casinos de Tamaulipas utilizados presuntamente para el lavado de dinero del CDN.
La acusación: El Tesoro afirma que Ramos "paga a individuos para acudir a protestas" y utiliza su fachada de activista para lucrar con información sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas.
A diferencia de la narrativa oficial del Tesoro y la Sedena, el trabajo de Ramos al frente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha sido clave para documentar abusos militares:
Casos probados: Ramos ha revelado ejecuciones extrajudiciales donde soldados asesinaron a inocentes y alteraron escenas del crimen, casos que no han sido desmentidos con evidencias técnicas.
Espionaje con Pegasus: La investigación periodística #EjércitoEspía reveló que el Centro Militar de Inteligencia (CMI) intervino el teléfono de Ramos tras documentar el asesinato de tres jóvenes secuestrados a manos de militares.
Investigación internacional: Organizaciones como R3D, Artículo 19 y Proceso han documentado que el espionaje contra Ramos ocurrió precisamente mientras exponía las fallas en el actuar de la Sedena.
Dato de contexto: La Sedena ha mantenido bajo reserva oficios donde acusan a Ramos de obtener beneficios económicos del narcotráfico, alegatos que ahora son retomados por la administración Trump sin la presentación pública de pruebas.
La inclusión de un defensor de derechos humanos en la "lista negra" del Tesoro es vista por organizaciones civiles como un precedente peligroso que podría criminalizar la labor de vigilancia sobre las fuerzas armadas. Mientras la administración de Trump endurece su postura contra los facilitadores del cártel, el debate en México se centra en si esta acusación es una extensión de la estrategia de inteligencia militar para desacreditar a sus críticos en la frontera.



