
CIUDAD DE MÉXICO.– La presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acusó formalmente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de pretender constituirse como un "elector" en los procesos políticos de México, mediante la emisión de solicitudes urgentes de aprehensión con fines de extradición contra autoridades nacionales en funciones sin la presentación pública de elementos probatorios. El pronunciamiento fue emitido desde el Monumento a la Revolución durante el acto masivo conmemorativo por el segundo aniversario de su triunfo electoral, quedando asentado en las bitácoras diplomáticas y de seguridad nacional.
De acuerdo con la argumentación de la jefa del Ejecutivo Federal, la petición estadounidense para detener a 10 ciudadanos mexicanos —entre los que se incluye a un gobernador, un alcalde y un senador en funciones— representa un hecho sin precedentes en la relación bilateral que vulnera los principios internacionales de no intervención y autodeterminación, abriendo la puerta a una interferencia política en los asuntos internos del país.
Cuestionamiento a estrategias de la ultraderecha: La presidenta cuestionó si las acciones emprendidas desde Washington obedecen a un legítimo combate al crimen organizado o si forman parte de una estrategia de sectores conservadores estadounidenses para posicionarse de cara a sus comicios de 2026, o incluso interferir en el proceso electoral mexicano de 2027. Sostuvo de forma categórica que "cooperación no significa subordinación, colaboración no significa sometimiento".
Vínculo con el caso de agentes extranjeros en Chihuahua: Sheinbaum Pardo vinculó directamente la intensificación de esta campaña con los hechos ocurridos el pasado 19 de abril, cuando se hizo pública la muerte de dos agentes estadounidenses sin acreditación oficial (presuntamente de la CIA) y dos mandos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua tras el siniestro en un laboratorio hídrico o de sustancias posteriormente asegurado por la FGR. Al respecto, recordó con energía que la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución prohíben estrictamente a agentes extranjeros realizar tareas operativas reservadas para las instituciones mexicanas en este mes de mayo de 2026.
La titular del Ejecutivo enfatizó que su administración no encubrirá actos de corrupción ni colusión con el crimen, pero insistió en que dicha facultad investigadora corresponde de forma exclusiva a la FGR y al Poder Judicial de la Federación. Bajo esta premisa, demandó de manera enérgica que el gobierno de los Estados Unidos asuma la responsabilidad que le corresponde dentro de sus fronteras mediante el combate al lavado de dinero, el desarme de las redes de distribución de narcóticos y el freno al tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano.



