
CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, arremetió nuevamente contra la administración de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras los supuestos bloqueos y filtros viales implementados el pasado sábado para frenar una concentración masiva en la entidad. La mandataria federal exhortó al gobierno estatal a mantener una "coherencia entre lo que dice y hace", señalando que las libertades civiles no deben coartarse bajo ninguna consigna política.
A pregunta expresa durante su conferencia de prensa, Sheinbaum calificó como inconstitucionales las revisiones vehiculares e identificaciones presuntamente exigidas a los ciudadanos en las carreteras que conectan con la capital del estado.
La Presidenta enfatizó que las acciones atribuidas al gobierno de Chihuahua vulneran las garantías individuales de movilidad consagradas en la Constitución:
Filtros carreteros: "Nunca, a menos que hayas cometido un delito, se te pide tu identificación, o que vayas a entrar a un sitio; hay libre tránsito en México, totalmente", sentenció la mandataria federal.
Obstrucción física: Aludiendo de forma directa a las denuncias de colectivos y militantes, Sheinbaum acusó tácticas drásticas en las vías de comunicación: "A nadie se le abre una zanja para que no puedas pasar", afirmó.
El núcleo del mensaje de la titular del Ejecutivo Federal se centró en la libertad de expresión y la contradicción discursiva en la que, a su juicio, incurre la administración local chihuahuense.
"No puede ser que quien habla de libertad como parte de su consigna política, coarte la libertad de manifestación. De lo que habla es de mucha inconsistencia", remarcó Sheinbaum.
La mandataria federal concluyó señalando que los hechos ocurridos quedaron plenamente documentados por los propios ciudadanos a través de las redes sociales, permitiendo que la población forme su propia opinión. Reiteró que cualquier manifestación debe ser respetada por los tres niveles de gobierno, siempre y cuando esta se desarrolle de manera pacífica, asegurando que el Estado mexicano debe ser consecuente con la protección de los derechos de la ciudadanía.



