
OAXACA, Oax.– La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca ratificó el deceso por agresión armada del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, José Ángel Bravo Martínez.
De acuerdo con los informes de los primeros respondientes, el primer concejal fue objeto de un ataque directo por parte de un grupo civil portador de armas de fuego en las inmediaciones de su residencia, ubicada en la agencia Venta Uribe.
Ante la gravedad del suceso, las corporaciones integradas al Gabinete de Seguridad estatal y federal activaron un cerco perimetral e incrementaron el estado de fuerza en las rutas de conectividad regional para la localización de los presuntos responsables.
Mecánica del ataque e intervención de urgencia: Los reportes preliminares indican que la agresión armada se ejecutó aproximadamente a las 8:00 horas de este sábado, al momento en que el munícipe salía de su domicilio. Familiares directos solicitaron asistencia médica y policial de urgencia a la cabecera distrital de Huajuapan de León; sin embargo, las heridas infligidas por los proyectiles causaron el deceso del funcionario minutos después en el lugar de intervención, imposibilitando su traslado a un nosocomio.
Procesamiento de indicios y despliegue técnico: La FGE informó el envío inmediato de equipos multidisciplinarios conformados por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos del Instituto de Servicios Periciales. Dichas células se encargaron del procesamiento técnico del sitio, la recolección de huellas, casquillos y elementos balísticos, así como del levantamiento del cuerpo conforme a derecho. El operativo táctico complementario contempla el patrullaje terrestre para cercar las rutas de escape rurales de la Mixteca.
Historial de incidencias e incorporación de medidas cautelares: Las carpetas de la representación social consignan que en mayo pasado, Bravo Martínez fue víctima de un robo con violencia y privación temporal de la libertad mientras transitaba sobre la carretera Huajuapan-Acatlán de Osorio, dentro de la jurisdicción del municipio de Petlalcingo, en el colindante estado de Puebla. En esa ocasión, vehículos desconocidos le cerraron el paso y lo obligaron a descender de su automotor para despojarlo de sus pertenencias, liberándolo posteriormente. A raíz de este evento certificado por las autoridades, el edil había gestionado de manera formal la asignación de medidas de protección personal.
Condena enérgica y demandas de estado de derecho: Por su parte, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) emitió un comunicado institucional para condenar el homicidio, calificándolo como un agravio directo a la paz pública y a la voluntad democrática. El organismo político exigió a la fiscalía del estado una actuación firme, imparcial y expedita para identificar tanto a los autores materiales como intelectuales.



