
NUEVA YORK. – El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue arrestado por autoridades de Estados Unidos bajo acusaciones graves de conspiración para el tráfico de narcóticos y uso de armamento de alto poder. El exmando policial es señalado por presuntos vínculos operativos con la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa, dentro de una investigación de gran escala que alcanza la cúpula política del estado.
La detención, ocurrida el pasado 11 de mayo, se desprende de una acusación formal presentada por el Departamento de Justicia el 29 de abril, la cual vincula a una decena de funcionarios y exfuncionarios sinaloenses en una red de protección y logística criminal.
El Departamento de Justicia estadounidense ha presentado un expediente sólido contra Mérida Sánchez, detallando los delitos que se le imputan:
Tráfico de drogas: Conspiración para la importación y distribución de narcóticos en territorio estadounidense.
Armamento pesado: Posesión y uso de armas de fuego de alto poder y dispositivos destructivos en el ejercicio de actividades ilícitas.
Gravedad de las penas: De ser hallado culpable, el exfuncionario enfrenta una condena mínima de 40 años de prisión, con la posibilidad legal de recibir cadena perpetua.
Mérida Sánchez no es el único objetivo de esta indagatoria internacional. El Departamento de Justicia menciona a un grupo compacto de servidores públicos activos y retirados:
Rubén Rocha Moya: Gobernador con licencia de Sinaloa, también bajo investigación por presunto respaldo criminal.
Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán, mencionado en los documentos judiciales.
Mandos policiales: Exjefes de corporaciones estatales y municipales que habrían facilitado las operaciones de "Los Chapitos".
La captura de Mérida Sánchez representa un punto de quiebre en la cooperación bilateral en materia de seguridad. Las autoridades estadounidenses sostienen que la estructura de seguridad en Sinaloa fue infiltrada para permitir el flujo de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia el norte.
Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido una postura oficial sobre la detención de quien fuera el encargado de la seguridad en una de las entidades más complejas del país. El proceso judicial se llevará a cabo en una corte federal de Estados Unidos, donde se espera que el resto de los implicados sean llamados a comparecer o se emitan las fichas correspondientes para su captura internacional.



