
Ciudad de México / Guerrero — Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de aprehensión contra una exfuncionaria del estado de Guerrero, señalada por su probable responsabilidad en el ocultamiento de material probatorio relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La detención, efectuada este 13 de marzo de 2026, se deriva de las investigaciones sobre la manipulación de videos captados por cámaras de seguridad la noche del 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con las indagatorias, la exservidora pública habría tenido acceso y control sobre grabaciones críticas que fueron omitidas o borradas del expediente oficial, lo que constituye un obstáculo para el acceso a la verdad y la justicia en uno de los casos más emblemáticos del país.
La orden judicial se fundamenta en presuntos delitos contra la administración de justicia y encubrimiento. Los puntos clave de la acusación incluyen:
Gestión de Videovigilancia: La señalada ocupaba un cargo estratégico en el sistema de monitoreo estatal al momento de los hechos en Iguala.
Obstrucción de la Justicia: Se le acusa de no entregar o haber alterado los registros visuales que pudieron haber identificado rutas de traslado y actores involucrados en la desaparición de los estudiantes.
Nuevas Líneas de Investigación: Esta detención forma parte de los esfuerzos por desarticular la red de complicidades institucionales que permitieron la narrativa de la denominada "verdad histórica".
Tras su captura, la exfuncionaria fue trasladada ante un juez federal para la audiencia de formulación de imputación. El Ministerio Público presentará los elementos que vinculan su gestión con la desaparición de evidencia digital para solicitar su vinculación a proceso.
Las autoridades federales reiteraron que la investigación se mantiene abierta y que la localización de este material visual es prioritaria para reconstruir los hechos de manera fidedigna. La identidad de la detenida se mantiene bajo reserva parcial conforme a los protocolos del sistema de justicia penal, respetando su presunción de inocencia mientras no se dicte una sentencia definitiva.



