
San Andrés Cholula, Pue. — Tras diez meses de permanecer prófuga, la exdiputada federal Gabriela Arango Gibb fue capturada por agentes de investigación en el municipio de San Andrés Cholula. La exfuncionaria es señalada como presunta responsable del delito de retención de menores, tras haber desaparecido con su nieta de dos años desde mayo de 2025, lo que derivó en la activación de una Alerta Amber con alcance nacional.
La detención se concretó sobre el Periférico Ecológico, en la zona de Tlaxcalancingo, mediante un operativo coordinado que permitió el rescate de la infante y el inicio del proceso de traslado de la imputada hacia el estado de Tamaulipas, donde es requerida por un Juez de Control.
El conflicto legal, que escaló hasta instancias penales, se originó a partir de una convivencia familiar que no fue respetada conforme a los acuerdos iniciales:
Origen del incidente: El 10 de mayo de 2025, en Tampico, Tamaulipas, la madre de la menor entregó a la niña para una reunión familiar momentánea; sin embargo, Arango Gibb interrumpió la comunicación y abandonó su domicilio en Tuxpan, Veracruz.
Evasión de la justicia: Durante los meses de búsqueda, la exlegisladora presuntamente cambió de residencia y falseó información ante autoridades judiciales, promoviendo diversos juicios de amparo para evitar la ejecución de la orden de aprehensión.
Delito y Sanción: De acuerdo con la carpeta de investigación NUC 603/2025, el delito de sustracción o retención de menores podría alcanzar una pena de hasta seis años de prisión según el Código Penal vigente.
Tras el operativo, la niña fue puesta a disposición del Sistema DIF, donde especialistas realizan las valoraciones médicas y psicológicas necesarias. El protocolo dicta que, tras confirmar su óptimo estado de salud, se procederá con la reintegración a su hogar materno.
Por su parte, Gabriela Arango —quien hasta inicios de 2025 fungía como directora del Instituto Municipal de la Mujer en Tuxpan— ingresó inicialmente a los separos del C5 en Puebla. Se espera que en las próximas horas se formalice su entrega a las autoridades ministeriales de Tamaulipas para que rinda su declaración inicial y se determine su situación jurídica bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso.



