
Coahuila.- La expresidenta municipal de Múzquiz, Coahuila, Tania “N”, fue detenida por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León en el municipio de San Pedro Garza García, en cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada en colaboración con las autoridades de Coahuila. La exfuncionaria de extracción morenista enfrenta acusaciones de peculado en la modalidad de disposición de bienes por cuantía mayor, así como ejercicio indebido de funciones.
Tras su captura, la imputada fue presentada ante un juez de control en una audiencia inicial donde se le formuló la imputación. A solicitud de la defensa, se concedió la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se reanudará el próximo 9 de julio; en tanto, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Este arresto ocurre apenas un día después de que Tania “N” acudiera a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, por presunto abuso de autoridad, uso indebido de recursos y de la fuerza pública, además de señalar una supuesta compra masiva de votos en el proceso electoral local. Dichas acusaciones derivaron de una detención previa ocurrida el pasado 8 de junio, en la que también se vio involucrado su hermano, el legislador del Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores Guerra.
El proceso judicial en contra de la exalcaldesa, vinculado a la causa penal 1119/2025 por asignación ilegal de obra pública, se ha desarrollado bajo un estricto hermetismo desde diciembre del año pasado. La defensa de la imputada ha enfrentado diversas trabas procesales, incluyendo la negativa de audiencias públicas, retrasos en la entrega de informes certificados para trámites de amparo y prórrogas por la búsqueda de un supuesto tercer interesado afectado que nunca compareció ante el juzgado.
Ante estos hechos, el diputado federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, calificó la detención como un acto de persecución y violencia política de género, acusando la existencia de un "régimen de terror" y la violación de dos amparos vigentes con los que presuntamente contaba la exfuncionaria.



