
CARACAS, VENEZUELA.– En medio del profundo duelo por la pérdida de sus seres queridos tras los devastadores terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, habitantes del sector Caribe han levantado la voz para denunciar presuntos cobros excesivos e irregulares de hasta 3,000 dólares con el fin de recuperar los cuerpos de sus familiares que permanecen atrapados bajo las estructuras colapsadas.
César González relató en entrevista para el diario El Nacional que, ante la alarmante falta de apoyo por parte de las instituciones oficiales, diversas familias se han visto obligadas a recolectar importantes sumas de dinero en divisas para financiar el rescate de los restos de sus allegados. Explicó que, debido a la imposibilidad económica de cubrir la tarifa exigida, su propia familia no ha podido recuperar el cuerpo de su tío, Luis González, quien sigue sepultado bajo los escombros de un edificio.
“Los que pudieron sacar a sus familiares tuvieron que pagar de 2,000 a 2,500 dólares para poder recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Nosotros no hemos podido rescatar a mi tío porque nos están pidiendo 3,000 dólares", afirmó de manera contundente.
El denunciante aseguró que, tras el colapso del edificio Country Mar ubicado en La Guaira, las complejas labores de búsqueda y remoción de escombros han recaído casi en su totalidad sobre los hombros de los propios familiares y de brigadas de voluntarios civiles. “Todo lo que hemos avanzado ha sido con nuestras manos porque la ayuda gubernamental ha sido prácticamente nula”, sostuvo.
La dimensión de la catástrofe continúa en ascenso. De acuerdo con el más reciente balance oficial emitido por las autoridades, la cifra de víctimas mortales por los sismos se ubica en 3,811 personas fallecidas, 16,740 heridos y miles de desaparecidos; estadísticas que se mantienen en constante modificación conforme avanzan las penosas tareas de localización e identificación.
A las trabas para el rescate en la zona de desastre se suman denuncias de corrupción en la cadena posterior. Recientemente, una ciudadana identificada como Génesis Marcano difundió un video en redes sociales donde expuso que se están exigiendo cobros de 450 dólares únicamente para realizar la entrega física de los cuerpos a los deudos y permitirles iniciar los trámites de cremación. “¿Cómo es posible que estemos pasando por todo lo que estamos viviendo con esta catástrofe y todavía haya personas cobrando a los familiares?”, cuestionó, calificando el acto como un abuso sistemático.
Al respecto, la periodista venezolana Valeria Patricia advirtió que este esquema de extorsión y cobros informales no es nuevo en el país, pero admitió que tras el desastre los casos se han exponenciado. La comunicadora detalló que para proceder con cualquier sepultura, cremación o exhumación, el Estado exige de manera obligatoria la documentación emitida por agencias funerarias privadas; un costo que resulta inasumible para miles de familias que lo perdieron todo, desde sus viviendas hasta sus fuentes de ingresos, durante el terremoto.
Ante la ola de señalamientos, el presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Servicios Funerarios (Canadefu), Joel Urribarri, salió a la defensa del gremio formal asegurando que las empresas afiliadas redujeron sustancialmente sus costos operativos en un esquema de "precios solidarios" para apoyar la emergencia.
Urribarri desglosó que, si bien el costo habitual de una cremación ronda de manera ordinaria los 500 dólares, durante la actual contingencia se fijó una tarifa de 150 dólares. Asimismo, precisó que los traslados de cadáveres entre La Guaira y Caracas se redujeron de 200 a 120 dólares. Adicionalmente, informó que las funerarias independientes y afiliadas a Canadefu han donado cerca de 2,000 ataúdes para familias de escasos recursos.



