
CHIHUAHUA, Chih.– La gobernadora constitucional de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, interpuso una denuncia formal ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), demandando la revisión técnica y legal del citatorio emitido en su contra por la representación social federal. El equipo jurídico de la mandataria estatal notificó este martes 26 de mayo de 2026 la promoción del recurso administrativo, argumentando de forma integral que la actuación procesal civil de la FGR podría configurar un acto de investigación encubierto dirigido personalmente hacia una servidora pública investida con fuero constitucional.
La defensa de Campos Galván solicitó formalmente al órgano de fiscalización de la fiscalía federal decretar que cualquier requerimiento, actuación o solicitud de información dirigida hacia su persona sea canalizada con estricta sujeción al régimen constitucional aplicable a los titulares de los ejecutivos locales.
El desglose analítico de los agravios integrados en el expediente interpuesto ante el OIC detalla las siguientes variables del diferendo técnico-jurídico en este año 2026:
Riesgo de elusión de las fases de desafuero: La denuncia sostiene que convocar a la jefa del Ejecutivo estatal para el desahogo de una "entrevista" sobre hechos adscritos a la competencia federal, omitiendo precisar con claridad técnica los alcances penales o el estatus jurídico final de la indagatoria, representa una transgresión procedimental. Los asesores recordaron que, al gozar de inmunidad procesal, las autoridades federales se encuentran impedidas para ejercer actos de molestia o imputación directa sin agotar de forma previa el juicio de procedencia ante la Cámara de Diputados, de acuerdo con la Constitución Mexicana en este inicio de semana.
Exigencia de fundamentación y claridad legal: El escrito pericial acota que la falta de certeza jurídica sobre si las preguntas se formulan en calidad de testigo o bajo otra figura de coautoría fáctica desnaturaliza el marco de la cooperación interinstitucional, configurando una posible extralimitación de funciones por parte del agente del Ministerio Público Federal.
Pese a la impugnación del mecanismo de citación, el Gobierno del Estado de Chihuahua reiteró que no existe una política de desacato o confrontación hacia las dependencias federales.



