
CHIHUAHUA, Chih.– El equipo de defensa constitucional de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia "Maru" Campos Galván, interpuso una denuncia penal formal ante las instancias competentes en contra de los agentes del Ministerio Público y el personal de la Fiscalía General de la República (FGR) responsables de elaborar y cumplimentar el citatorio de comparecencia presencial contra la mandataria. El jurista y exlegislador federal, Roberto Gil Zuarth, al confirmar que asumió de manera oficial la representación jurídica de la titular del Ejecutivo local, informó este lunes 25 de mayo de 2026 que la querella obedece a una presunta comisión del delito especial de vulneración de garantías e inmunidades, derivado de lo que calificó como un acto de "hostigamiento procesal" y una flagrante violación a los marcos constitucionales.
El litigante argumentó que el oficio entregado el pasado sábado en el Palacio de Gobierno utiliza de forma incongruente e ilegal fundamentos jurídicos aplicables a imputados o indiciados dentro de un expediente que oficialmente clasifica a la gobernadora en calidad de testigo, vulnerando el fuero procesal vigente en el país en esta anualidad de 2026.
El desglose técnico de los agravios e irregularidades procesales asentados por la defensa de la jefatura de la administración estatal detalla los siguientes ejes de confrontación penal:
Homologación indebida de estatus técnico: Gil Zuarth precisó que el documento emitido por la FGR incurre en una simulación procesal perjudicial. Explicó que mientras la autoridad argumenta requerir la presencia de la gobernadora como testigo por los acontecimientos del operativo en la Sierra El Pinal, la redacción e invocación de los artículos del orden adjetivo le exigen comparecer acompañada de un defensor penal. "Están utilizando fundamentos para citar a un inculpado (...) por el otro hay una afirmación de que tiene que ir acompañada con su abogado por si las dudas", sentenció.
Prohibición expresa de apertura de procedimientos: La representación legal de Chihuahua invocó las cláusulas del Código Penal Federal, el cual mandata de forma taxativa que ninguna autoridad ministerial civil puede aperturar ni desahogar procedimientos de naturaleza penal restrictivos que afecten la esfera jurídica o limiten las funciones de un servidor público protegido por el fuero de la Unión, sin antes agotar y obtener la declaratoria de procedencia (desafuero) ante el Congreso.
La interposición de esta contra-denuncia en la Ciudad de México este lunes por la mañana modifica sustancialmente la correlación de fuerzas en los juzgados de distrito. El abogado defensor calificó de "inverosímil" que se pretenda forzar la comparecencia física obligatoria ante una carpeta de investigación de carácter secreto, omitiendo los canales institucionales tradicionales que facultan a los gobernantes en funciones a desahogar informes exclusivamente por la vía escrita.



