
CHIHUAHUA, CHIH.– El presidente del Gran Consejo Supremo Indígena de la Sierra Tarahumara, Enoel Carrasco Jordán, formalizó una solicitud de investigación ante la gubernatura del estado y la Fiscalía General del Estado (FGE) orientada a fiscalizar el origen de los recursos económicos empleados en los recorridos de la senadora con licencia, Andrea Chávez. El dirigente de los pueblos originarios requirió asimismo la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar los esquemas de financiamiento de su proyecto político y deslindar responsabilidades administrativas o penales conforme a la legislación electoral vigente.
Petición de transparencia financiera: El escrito entregado por Carrasco Jordán solicita formalmente a las autoridades competentes indagar las fuentes de financiamiento del proyecto político de la legisladora de Morena durante sus asambleas en las comunidades indígenas.
El documento plantea la necesidad de verificar de forma técnica que los recursos no provengan de aportaciones privadas no reportadas, actos de corrupción o de estructuras al margen de la ley, instando a la transparencia en beneficio de la equidad en los procesos del estado.
Declaraciones sobre condicionamiento del voto: En entrevista, el dirigente indígena manifestó haber recopilado testimonios en las localidades serranas que apuntan a que presuntos operadores políticos buscan influir en el sentido del sufragio de los habitantes.
Según lo expuesto, se ha advertido a miembros de las comunidades con la posible pérdida de su registro en los programas federales de Bienestar dirigidos a adultos mayores en caso de no brindar respaldo a la organización política, además de señalar presuntas entregas de numerario en efectivo equivalentes a 500 pesos.
Modificaciones en el entorno de seguridad: Paralelamente a las solicitudes de fiscalización electoral, el presidente del Gran Consejo Supremo Indígena expuso un panorama sobre la situación operativa en las comunidades rurales. Carrasco Jordán reportó un incremento en la incidencia de delitos de alto impacto, tales como homicidios y daños a la propiedad mediante el incendio de unidades motorizadas, atribuyendo dicha dinámica al arribo de células delictivas externas a la entidad federativa.



