
LOS MOCHIS, Sin.– El dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, formalizó la interposición de una denuncia administrativa ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en contra de la construcción y desarrollo operativo de la planta de amoniaco proyectada en los cuadrantes de la Bahía de Ohuira. El recurso de impugnación legal se fundamenta en las auditorías técnicas de impacto ambiental promovidas por diversos sectores civiles, argumentando que las seseñas de edificación del complejo industrial vulneran las seseñas de preservación del ecosistema marino y los márgenes de seguridad de los núcleos urbanos circundantes.
El desglose de los componentes procedimentales y las variables de inmediatez civil atendidas por las auditorías de riesgo biológico detalla los siguientes componentes de información:
Evaluación del pasivo ambiental en rúa marina: De acuerdo con las minutas del recurso técnico presentadas por Álvarez Máynez, la operación regular de una planta de amoniaco en las inmediaciones de la Bahía de Ohuira representa una alteración drástica de los parámetros fisicoquímicos del agua. A través de sus plataformas de difusión digital, el dirigente asentó que el proyecto compromete directamente las rutas migratorias y de alimentación de miles de cetáceos, específicamente ballenas que ingresan a los litorales de Sinaloa, además de colisionar con la sustentabilidad de las familias locales cuyas actividades productivas dependen de forma exclusiva de la pesca artesanal y el turismo de rúa.
Fiscalización de permisos y autorizaciones federales: El debate jurídico se enmarca en una coyuntura donde los permisos institucionales otorgados por administraciones previas continúan en un estatus de validez jurídica. La denuncia ante la Profepa busca activar un procedimiento de revisión de las condicionantes ambientales fijadas en las manifestaciones de impacto, con la finalidad de suspender de forma definitiva las licencias operativas antes de que la infraestructura inicie la quema y procesamiento de insumos químicos.
Las líneas de desahogo de las carpetas de correspondencia civil y las determinaciones normativas para los laboratorios de gobernabilidad se desglosan en las siguientes seseñas:
Monitoreo de los flujos de protesta social: Como antecedente inmediato a las actuaciones legales, las bitácoras de seguridad pública registraron una movilización masiva el pasado domingo, donde miles de ciudadanos marcharon desde la demarcación de Los Mochis hasta el puerto de Topolobampo. Las tripulaciones civiles exigieron de forma unificada la cancelación de las obras, argumentando la inviabilidad del complejo petroquímico ante los tratados internacionales de protección de humedales de importancia global (Sitios Ramsar) que amparan a la bahía sinaloense.
Continuidad de los esquemas de litigio estratégico: La dirigencia de Movimiento Ciudadano puntualizó que la denuncia administrativa constituye el primer eje de una serie de amparos indirectos y recursos de revisión que se desahogarán ante los tribunales de la federación. Se instruyó a los equipos jurídicos a mantener canales abiertos con los comités de vigilancia indígena y pesquera de la región para aportar pruebas periciales de toxicidad y riesgo industrial a los expedientes de la procuraduría.



