
CHIHUAHUA, Chih.– La delegada de los Programas para el Bienestar del Gobierno Federal en el estado de Chihuahua, Mayra Chávez Jiménez, formalizó un pronunciamiento público en el que censuró la utilización de los procesos biológicos de maternidad y gestación como componentes de descalificación o confrontación en la arena política.
La funcionaria federal dirigió su posicionamiento institucional tras los diferendos discursivos derivados de las declaraciones de la dirigencia local del Partido Acción Nacional (PAN) respecto al embarazo de la senadora de la República, Andrea Chávez Treviño.
Chávez Jiménez enfatizó la necesidad de salvaguardar el derecho de las servidoras públicas a ejercer sus funciones libres de violencia de género, exigiendo congruencia operativa a las estructuras partidistas en la defensa del núcleo familiar.
El desglose de los argumentos vertidos por la representante de la federación y las implicaciones éticas asociadas al ejercicio de la función pública detallan los siguientes componentes de información:
Exigencia de consistencia doctrinaria: A través de un mensaje difundido en sus canales de interacción digital, la delegada federal calificó como "inaceptable" que actores políticos que sustentan sus plataformas ideológicas en la preservación de la vida y la estructura de la familia conviertan el estado de gravidez de una legisladora en materia de ataque político. Mayra Chávez argumentó que las conductas de esta naturaleza evidencian una discrepancia entre los discursos públicos tradicionales de las organizaciones políticas y sus aplicaciones de campo frente a las competidoras de partidos antagónicos, acotando que "la congruencia no se proclama, se demuestra".
Defensa del libre ejercicio de las mujeres: La titular de la dependencia para el desarrollo social en la entidad puntualizó que las mujeres que participan en los órganos de representación del Estado mexicano merecen un trato digno y respetuoso en cualquier etapa del ciclo vital, lo que incluye la protección integral de sus derechos humanos y civiles. Subrayó de forma pericial que bajo ninguna circunstancia la maternidad debe instrumentalizarse como un mecanismo de descrédito profesional o descalificación técnica en las mesas de debate.
Firma de solidaridad gubernamental: El pronunciamiento concluyó con una manifestación formal de solidaridad hacia la senadora Andrea Chávez Treviño, adhiriéndose la Delegación de Programas para el Bienestar a las manifestaciones previas emitidas por integrantes de las fracciones parlamentarias locales de la capital. La delegada remarcó que el blindaje de la integridad moral de las futuras madres en el servicio público constituye un estándar mínimo no negociable en los sistemas democráticos contemporáneos.



