
CUAUHTÉMOC.- La gobernadora constitucional de Chihuahua, María Eugenia "Maru" Campos Galván, confirmó de manera presencial que atenderá el requerimiento formulado por la Fiscalía General de la República (FGR), dentro de un expediente de investigación federal relacionado con el aseguramiento de un macro-narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara y la presunta intervención operativa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). En declaraciones emitidas este lunes 25 de mayo de 2026 al término de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la mandataria local ratificó su disposición de comparecer ante la autoridad ministerial, acotando que la defensa técnica invocará las prerrogativas del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) relativas al respeto de las investiduras públicas.
La jefa del Ejecutivo enmarcó el acompañamiento político y civil recibido en las últimas horas como un movimiento de protección de corte institucional orientado a salvaguardar la soberanía del estado y el orden constitucional, deslindándose de valoraciones personales para mantener el asunto en los canales estrictamente jurídicos.
El desglose temático de las precisiones institucionales externadas por la gobernadora del estado registra las siguientes variables de control procesal y de política pública:
Materia del expediente federal: Por primera vez se validó de forma oficial que el citatorio ministerial se encuentra vinculado a las carpetas de investigación que procesan la neutralización de laboratorios de síntesis de narcóticos a gran escala en la región suroeste de la entidad, así como el deslinde de responsabilidades por la incursión o coadyuvancia en campo de agentes de agencias de inteligencia de los Estados Unidos en perímetros de soberanía nacional.
Mecanismos de apremio por vulneración protocolaria: Respecto a lo que diversos sectores legales han calificado como inconsistencias en las notificaciones, Campos Galván recordó que el Código Nacional de Procedimientos Penales estipula medidas de apremio y sanciones específicas para los servidores públicos del orden ministerial que omitan los protocolos de solemnidad e inmunidad diplomática interna al requerir la presencia de titulares de los poderes estatales. "No puedo hablar más porque ya es un tema jurídico que no me corresponde a mí hablarlo", acotó.
La reactivación de este litigio institucional en este mes de mayo de 2026 no alterará las bitácoras operativas de las corporaciones de prevención del delito locales. La gobernadora enfatizó que su gabinete se mantiene en sesión permanente junto a los mandos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE) para garantizar los índices de paz comunitaria en las demarcaciones en conflicto.



