
Testigos de la FGR revelan que el exgobernador de Guerrero ordenó desaparecer grabaciones clave del caso para proteger a su sobrino.
TOLUCA, Estado de México. — Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, habría ordenado la ocultación y destrucción de grabaciones clave sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa con la finalidad de proteger a su sobrino, Ernesto Aguirre Gutiérrez, presuntamente vinculado con grupos del crimen organizado que operaban en la entidad.
De acuerdo con testimonios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) durante la audiencia de imputación en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, el exmandatario promovió la sustracción de los videos del Tribunal Superior de Justicia de Iguala. Dichas secuencias captaron el momento en que fuerzas policiales interceptaron el autobús en el que se transportaban los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014.
Los testimonios vertidos ante la autoridad ministerial, correspondientes a exservidores públicos del Poder Judicial estatal, señalaron que Aguirre Rivero justificó su intervención tras manifestar que su familiar "estaba al tanto" de lo acontecido y mantenía nexos con la organización delictiva Guerreros Unidos. En las declaraciones procesales se detalló además la existencia de presiones e intimidaciones dirigidas a mandos judiciales para concretar la entrega del material audiovisual a la cúpula del Ejecutivo local.
En el desarrollo de la diligencia judicial, la representación social argumentó que las instrucciones emanadas por el exgobernador y su entorno cercano eran acatadas por diversos mandos de la procuración de justicia estatal. A la par, se integraron elementos testificales de presuntos integrantes de la delincuencia organizada que refirieron el financiamiento ilícito de campañas políticas en la región.
Tras la aprehensión del exmandatario efectuada en el Estado de México, la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, aseveró que la alteración de evidencia respondió a un esquema coordinado desde la estructura gubernamental para entorpecer las investigaciones. Aguirre Rivero permanece bajo prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, a la espera de que el juez de la causa determine su situación jurídica y resuelva si es vinculado a proceso.



