
Juárez.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron este miércoles 25 de marzo a Paola Celeste T. L., de 22 años, bajo cargos de fraude masivo cometido contra diversas familias en Ciudad Juárez. La joven es señalada por haber vendido paquetes turísticos inexistentes a los padres de familia de un equipo de fútbol infantil, quienes pagaron por vuelos y hospedaje que nunca se concretaron. La detención se realizó mediante una orden de aprehensión derivada de la causa penal 1157/2026.
La investigación, encabezada por la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Zona Norte, reveló un modus operandi basado en el aprovechamiento de la confianza de grupos organizados.
La falsa agencia: Paola Celeste operaba a través de una supuesta agencia de viajes, ofreciendo promociones exclusivas para traslados deportivos que incluían logística completa de transporte aéreo y reservaciones de hotel.
Afectación a menores: Las víctimas directas fueron familias que buscaban cumplir el sueño de sus hijos de competir en un torneo de fútbol. Los pagos se realizaron bajo engaños y promesas de confirmaciones que la detenida postergaba constantemente.
Incumplimiento total: Una vez recolectado el dinero de los diversos paquetes, los servicios nunca fueron reservados ante las aerolíneas ni las cadenas hoteleras, dejando a las familias sin recursos y sin viaje.
Tras la cumplimentación de la orden de aprehensión en calles de esta frontera, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial para iniciar su proceso penal este 2026.
Formulación de imputación: El Ministerio Público presentará ante un Juez de Control las pruebas recolectadas para formular la imputación correspondiente por el delito de fraude, buscando la vinculación a proceso.
Investigación abierta: La Fiscalía General del Estado (FGE) no descarta que existan más personas afectadas por este mismo esquema de "agencia fantasma" y exhorta a la ciudadanía a denunciar.
Rastreo de activos: Se investiga el destino de los fondos obtenidos mediante los engaños para intentar resarcir el daño económico a las familias afectadas.



