
Las Cruces.- La Fiscalía Federal para el Distrito de Nuevo México formalizó un cargo federal por posesión ilegal de arma de fuego y municiones contra Matthew Albain Alarcon, de 40 años de edad, tras su presunta participación en un incidente registrado en una iglesia católica de Las Cruces en mayo pasado.
El acusado, quien contaba con una prohibición legal para portar armamento debido a una condena previa por delitos graves, permanecerá bajo custodia preventiva en espera de su juicio.
Los detalles sobre la investigación, el aseguramiento de evidencia y el marco jurídico del proceso se desglosan a continuación:
Secuencia de los hechos e investigación inicial:
Ubicación y hallazgo: El 4 de mayo, agentes del Departamento de Policía de Las Cruces atendieron un reporte en la iglesia St. Genevieve's, donde ubicaron cinco impactos de proyectil en el acceso principal.
Evidencia en video: Grabaciones de sistemas de vigilancia registraron la llegada de un vehículo sedán color negro, del cual descendió un individuo que realizó las detonaciones hacia la entrada antes de retirarse del lugar.
Detención y aseguramiento de evidencia:
Ubicación de la unidad: El 11 de mayo, las corporaciones localizaron el automóvil en el marco de una atención por intento de robo.
Orden de cateo y arresto: Tras la inspección del vehículo, se aseguró una pistola. Alarcon fue detenido el 14 de mayo.
Cargos estatales iniciales: La persona enfrentó señalamientos a nivel estatal por profanación de recinto religioso, recepción de arma robada, manipulación de evidencia, posesión de herramientas de robo e intento de robo.
Declaración preliminar: Durante los interrogatorios, el detenido se reconoció como propietario del arma asegurada y admitió la realización de los disparos manifestando motivos de índole personal y religioso.
Estatus procesal y sanciones aplicables:
Antecedente legal: Alarcon registra una condena previa en Nuevo México por posesión de una sustancia controlada, condición que le impedía por ley la portación de armamento.
Proceso federal: Enfrenta un cargo federal por posesión de arma de fuego y municiones por parte de una persona con condena previa por delito grave. De ser hallado culpable, la legislación contempla una pena máxima de hasta 15 años de prisión federal.



