
MONTERREY, N.L.– La Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado de Nuevo León dictaminó de forma mayoritaria la apertura de un procedimiento de juicio político en contra del gobernador de la entidad, Samuel Alejandro García Sepúlveda.
El acuerdo legislativo formaliza el trámite para investigar la presunta triangulación de recursos del erario hacia firmas de asesoría legal vinculadas directamente con su núcleo familiar.
Tras la validación del dictamen en el órgano parlamentario, se iniciarán los protocolos de notificación formal para que el mandatario estatal exponga los argumentos conducentes a su derecho de audiencia.
Términos de la notificación y derecho de audiencia: Conforme a las normas que rigen el juicio político, el Ejecutivo del Estado será notificado formalmente sobre la resolución de la comisión y dispondrá de un plazo perentorio de 15 días hábiles para rendir su declaración. El marco normativo faculta al mandatario para desahogar este requerimiento de manera escrita o mediante comparecencia presencial ante los integrantes de la legislatura local.
Cronología del trámite en el Congreso: La solicitud de instauración del procedimiento fue promovida originalmente por la representación parlamentaria de Morena el pasado 8 de junio. Dos días posteriores al registro de la moción, el pleno resolvió dar trámite administrativo al asunto; las bitácoras institucionales asentaron que, pese a la inasistencia de una fracción de los diputados promoventes a la sesión de comisiones, los quórums normativos habilitaron la validez de la discusión y posterior votación por mayoría.









































































