
Con el voto en contra de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. Mientras el bloque oficialista defendió que la medida busca homologar y ordenar los registros en el país, legisladores opositores y voces como la de Lilia Aguilar advirtieron un trasfondo recaudatorio que derivará en un incremento en los cobros a la ciudadanía.
Disputa en San Lázaro por el impacto fiscal
Defensa oficial: El dictamen pretende erradicar vacíos legales, duplicidad de registros y dotar de certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra mediante una Plataforma Nacional Catastral interoperable.
Rechazo opositor: Los partidos de oposición calificaron el proyecto como un "predialazo", argumentando que forzará a los municipios y estados a elevar la recaudación del impuesto predial afectando la economía de las familias.
Perspectiva y siguientes pasos
La normativa busca unificar los criterios técnicos y tecnológicos en todo el territorio nacional, aunque su implementación genera tensiones políticas por el costo que representará para los contribuyentes locales.









































































