Auditor externo rechaza estados financieros de IMSS-Bienestar por anomalías

CIUDAD DE MÉXICO. — La firma de auditoría independiente Castillo Miranda y Compañía rechazó emitir una opinión sobre los estados financieros de 2025 del IMSS-Bienestar, tras detectar múltiples irregularidades y debilidades significativas en el control interno del organismo. Esta negativa representa un escenario inusual en la administración pública, similar a los antecedentes registrados en el caso de Segalmex.

De acuerdo con el informe del despacho, la falta de transparencia impidió obtener la evidencia necesaria para validar la legalidad de los recursos ejercidos por la institución médica, actualmente a cargo de Alejandro Svarch Pérez. El documento técnico detalla que el sistema actual no ofrece garantías de que la información contable esté exenta de errores materiales o fraudes.

Las principales inconsistencias financieras

Los auditores señalaron limitaciones de acceso a datos clave durante el ejercicio fiscal, destacando los siguientes rubros sin comprobar:

 Servicios personales: No se localizó información suficiente para avalar el gasto de 91 mil 382 millones de pesos en nóminas, cifra que superó en un 52% el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados.

 Activos institucionales: Se reportó la falta de soporte documental para verificar el valor real de los bienes muebles e inmuebles del organismo, los cuales están tasados en poco más de 12 mil millones de pesos.

 Sobrejercicio presupuestal: Durante 2025, el IMSS-Bienestar devengó un total de 192 mil 699 millones de pesos, lo que implicó un gasto excedente de casi 27 mil millones de pesos sobre lo planeado originalmente.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había emitido observaciones negativas en noviembre pasado respecto al programa de unidades médicas móviles, señalando que no cumplió con los objetivos de cobertura en zonas de alta marginación.

El reto operativo del organismo

El IMSS-Bienestar fue creado en 2022 con el objetivo de centralizar los servicios de salud pública en 24 estados del país y absorbió la operación de seis hospitales de alta especialidad. Esta transición elevó su plantilla laboral a 167 mil empleados; sin embargo, a diferencia de instituciones como el IMSS tradicional o el ISSSTE, este modelo depende en su totalidad de recursos federales al no generar ingresos propios.