
Ciudad de México. Este 30 de junio de 2026, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados el primer paquete de informes individuales de la Cuenta Pública 2025. Durante el acto, el titular de la dependencia, Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló la presentación de 21 denuncias penales por daños al erario que superan los 600 millones de pesos, marcando el inicio de un nuevo esquema de fiscalización en el país.
El auditor superior destacó que estas acciones legales son el resultado de las recientes reformas normativas aprobadas el pasado 21 de abril por la Cámara de Diputados. Dichas modificaciones facultan a la ASF para proceder penalmente sin necesidad de esperar a que concluya formalmente todo el proceso de revisión tradicional.
"Rompimos el paradigma de la fiscalización, pasamos de una fiscalización fragmentada a una fiscalización integral", afirmó Hernández Palacios.
Este nuevo método se aplicará de manera interna y transversal a las 32 entidades federativas y a los más de 2,200 municipios y alcaldías del país.
Además de las denuncias penales, la ASF interpuso 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves ante las autoridades sustanciadoras. Estas sanciones derivan directamente de la detección de esquemas de colusión y contrataciones indebidas en los procedimientos de licitación y compras públicas.
Para este ciclo, la dependencia implementará un despliegue histórico:
209 procedimientos directos a dependencias federales.
1,733 entes públicos revisados en todos los órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal).
Fiscalización total de organismos descentralizados que ejerzan recursos federales.
Cumpliendo con los compromisos de su gestión, Hernández Palacios presentó un formato de informe con enfoque ciudadano. El diseño y la narrativa visual permiten que cualquier persona comprenda de forma inmediata qué se revisó, qué se encontró y cuáles fueron las conclusiones de la auditoría.
En esta primera entrega se auditaron las transferencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las 32 entidades hacia los gobiernos locales, verificando un total de 29,736 transferencias de recursos a 2,478 municipios y alcaldías.
Gracias a la intervención oportuna de la ASF, los fondos que estaban retenidos se recuperaron y entregaron a los municipios antes del cierre de las auditorías. Al final del ejercicio, de un total superior a los 300 mil millones de pesos distribuidos, solo quedó pendiente la aclaración de 1.4 millones de pesos por parte de una entidad federativa.
Finalmente, mediante el uso de las nuevas herramientas de investigación directa, la ASF ya inició 31 expedientes de investigación sin agotar los tiempos del proceso de auditoría tradicional, consolidando la modernización de los mecanismos de rendición de cuentas en México.



